De acuerdo con la tesis fiscal, Pedro Castillo utilizó el helicóptero del Ejército para trasladarse junto con su hijo a Chiclayo, pese a no contar con actividades oficiales en dicha fecha. El exmandatario es investigado por el presunto delito de peculado.

La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de peculado porque, según sostiene el Ministerio Público, hizo uso indebido de un helicóptero del Ejército del Perú para trasladarse junto con su hijo a Chiclayo, pese a no tener actividades oficiales.

De acuerdo con la tesis fiscal, el supuesto uso indebido del avión con matrícula EP-861 sucedió el 7 y 9 de mayo para traslardar a sus familiares y miembros de seguridad. Asimismo, Castillo también habría utilizado los recursos del Estado como el helicóptero EP-680 para movilizar a sus familiares —su cuñada Yenifer Paredes Navarro, su menor hijo, su sobrino y otras personas— al distrito de Llama, Chota, el 24 de junio del 2022, «pese a que no estuvieron registrados en el documento denominado Comitiva Oficial Chiclayo/Llama/Chota».

«En ese sentido, se advierte que, en el tramo mencionado, el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, viajó en un helicóptero en compañía de sus familiares, con lo cual, se desprende un mal uso de los bienes del Estado», señala la tesis fiscal.

Es preciso mencionar que la denuncia fue presentada por el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía y será el Congreso de evaluar esta solicitud.

Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo y exministros por cohecho

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito, interpuso una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho, así como contra los exministros Geiner Alvarado López y Félix Inocente Chero Medina, exministro de Justicia y Derechos Humanos, por cohecho pasivo propio.

Los hechos mencionados indican que el ex presidente, Pedro Castillo, según señala la Fiscalía, supuestamente habría pedido sobornos a Geinero Alvarado López a cambio de conservar su puesto como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Fracasó el blindaje. El Congreso aprobó la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con 78 votos a favor, en medio de la ola criminal que azota el país y los intentos de boicot de las bancadas aliadas del Gobierno de Dina Boluarte.

Solo 11 congresistas votaron en contra y 20 se abstuvieron.

Fuerza Popular y otras bancadas le dieron la espalda a Santiváñez

Los grupos parlamentarios que apoyaron la remoción del ministro fueron Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Avanza País, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y parte del Bloque Magisterial.

Es la primera vez que el fujimorismo, tras haber defendido arduamente a Santiváñez y a Boluarte le da la espalda al Gobierno. Salvo los congresistas naranjas Ernesto Bustamante y Mery Infantes, quienes convenientemente pidieron licencia, los 19 legisladores del partido de Keiko Fujimori respaldaron las tres mociones de censura.

También fue determinante la decisión de Podemos Perú, la tercera fuerza política del Congreso que otorgó 9 votos a favor, con excepción de Kira Alcarraz, Guido Bellido y Darwin Espinoza.

Asimismo, en Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sus 11 integrantes votaron a favor de remover al ministro del Interior.

En Acción Popular, fueron 4 legisladores los que marcaron en verde, pese a que la orden de la dirigencia era apoyar la censura en bloque. Mientras que en el Bloque Magisterial, tres de sus congresistas votaron a favor.

La otra bancada de derecha que votó en bloque, con excepción de las legisladoras Rosselli Amuruz y Karol Paredes, quienes no dieron la cara, hubo cinco votos a favor. Y en Somos Perú, la excepción fue el congresista José Pazo.

Los demás votos fueron puestos por las agrupaciones de izquierda Bancada Socialista, Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular.

Fracasó el blindaje de APP

En el otro bloque se quedaron solos Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre. La mayoría de los legisladores acuñistas y cerronistas se abstuvo. Salvo María Acuña, Luis Kamiche y Juan Carlos Lizarzaburu, congresistas apepistas que votaron en contra de la censura.

Las agrupaciones que más se opusieron a esa decisión fueron Somos Perú y Honor y Democracia, con 7 votos. Un número irrelevante, al igual que las abstenciones.

Además de las abstenciones de APP y Perú Libre, también votaron en esa línea la mayoría de congresistas del Bloque Magisterial.

No les bastó para consumar el blindaje a Santiváñez.

En principio, hubo incertidumbre. La censura solo iba a prosperar con 66 votos a favor, como mínimo. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, convocó a una sesión semipresencial del Pleno, lo que facilitó notorias ausencias y convenientes licencias en el hemiciclo.

Menos de 100 congresistas habían marcado asistencia cuando inició el debate. Había, recordemos, tres mociones de censura agendadas de los legisladores Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular; Jaime Quito, de la Bancada Socialista; y Diego Bazán, de Renovación Popular.

«Ha hecho de todo para cubrir a la presidenta de sus problemas judiciales. No hemos escuchado a la ciudadanía», protestó Paredes.

«El ministro ayer ha venido con osadía de algunos congresistas de no respetar el reglamento y vino a hacerse la víctima para decirnos que es una maravilla su ministerio», cuestionó Quito.

«Lo que nos preocupa aquí es que el ministro ocupa más del 50% de su tiempo en defenderse de acusaciones en las que él mismo se ha visto envuelto», recalcó Bazán.

Sus colegas fieles al pacto Ejecutivo – Congreso salieron luego de eso, en defensa de Santiváñez.

«Si el ministro tiene que dar un paso al costado, ¿va a cambiar, va a mejorar?», se preguntó el vocero alterno de APP, Jorge Marticorena. «No es conveniente cambiar un ministro porque la inseguridad ciudadana es tarea de todos», expresó el portavoz de Somos Perú, Héctor Valer.

Hasta ese momento, la censura estaba en suspenso. Pero el punto de quiebre fue cuando el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, tiró la toalla. «Por lo tanto, vamos a respaldar que saquen a su ministro y vamos a demostrar que aquí no hay fujicerronismo, sino un fujicaviarismo», sostuvo.

La suerte ya estaba echada por APP y Perú Libre. No había votos para proteger a Santiváñez de la censura.

La Junta Nacional de Justicia oficializó la apertura del proceso disciplinario a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros cuatro magistrados supremos que habrían emitido de forma irregular una sentencia el 19 de julio de 2024. En ese sentido, los jueces que conforman este organismo autónomo aseguran que buscan determinar si los hechos configurar una inconducta funcional.

«Por las consideraciones expuestas, de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por Resolución N°008-2020-JNJ, modificado por la Resolución N° 048-2020-JNJ, y estando al acuerdo adoptado por mayoría en la sesión plenaria del 10 de febrero de 2025, con los votos en discordia de los doctores Francisco Távara, Jaime Pedro de la Puente y Germán Serkovic», se lee.

Este proceso disciplinario también recae sobre los magistrados Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano cuando formaban parte de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué investigan a Janet Tello?

Según la información obtenida, el proceso en cuestión involucra a Julio Cadenillas, un ex coronel de la Policía Nacional, quien fue retirado de su cargo el 26 de marzo de 2015 debido a múltiples infracciones. Cadenillas intentó apelar la decisión ante la Corte Suprema, sin embargo, su solicitud fue desestimada. La sala que emitió este fallo estaba integrada por la jueza Janet Tello y los otros magistrados.

El 4 de noviembre de 2024, Cadenillas Ruiz presentó un recurso ante la Junta Nacional de Justicia, argumentando que los jueces supremos habían incurrido en una «motivación defectuosa» al rechazar su recurso de casación. Según su denuncia, esta decisión se basó en el artículo 388 del Código Procesal Civil, el cual había sido derogado por la Ley 31591, que establece los requisitos necesarios para la admisión de un recurso de casación.

CAL inicia proceso disciplinario a abogados de la JNJ tras acciones contra la presidenta del Poder Judicial

El Colegio de Abogados de Lima publicó un comunicado en sus redes sociales informando que han comenzado un procedimiento disciplinario contra los abogados que forman parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto se debe a la decisión de abrir un proceso inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros jueces supremos. Además, señalaron que esta acción podría ser considerada una falta muy grave y que podría tener motivaciones políticas con el objetivo de destituir a Tello.

«Dicho procedimiento responde a la sorpresiva decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario contra cinco vocales supremos, incluida la Dra. Tello Gilardi, actual presidenta del Poder Judicial. Esta decisión de la JNJ podría tener connotaciones políticas, con la aparente finalidad de destituir a la presidenta del Poder Judicial debido a sus declaraciones, en las que señala que ambos poderes del Estado, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, estarían favoreciendo la impunidad de quienes han cometido delitos graves».

Claus Roxin, abogado, jurista alemán y eminencia internacional del derecho penal, falleció a los 93 años de edad. El prestigioso jurista, cuyas teorías sirvieron de sustento para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, nació el 15 de mayo de 1931 en Hamburgo (Alemania), se graduó como abogado en 1954 en la misma ciudad y se doctoró tres años después, dedicándose desde entonces a la enseñanza del derecho penal, procesal penal y la teoría general del derecho tanto en la universidad como a través de conferencias y congresos. Autor de numerosos libros que contribuyeron al desarrollo del derecho penal en los códigos de muchos países.

El jurista Claus Roxin, considerado uno de los padres de esa rama del saber, falleció a los 93 años en Alemania. Roxin era quizás el tratadista más importante de este tiempo, pero tenía, además, una condición que hace que su partida sea entrañable para miles de abogados de todo el mundo. Se trataba de un jurista en extremo generoso con su conocimiento y su rol como profesor fue esencial en la formación de varias generaciones.

Tras su partida, son centenares de juristas los que lo despiden, calificándolo como el principal penalista en el siglo XX y de lo que va corrido del XXI. Fue profesor de la Universidad de Göttingen y catedrático de la Universidad de Múnich, en donde escribió numerosas monografías y tratados dentro de las cuales se destacan sus Tratados de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, los cuales fueron traducidos a más de 10 idiomas y son una especie de ‘biblia’ con la que los estudiantes de derecho aprenden de esa rama.

A nivel profesional también se destaca su participación en el “Proyecto Alternativo” del Código Penal Alemán, que tuvo gran relevancia en gran parte del mundo. Gracias a su prolongada carrera académica recibió más de 8 doctorados honoris causa en Europa y América Latina.

La Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el cese de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.

La decisión fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien determinó que la medida coercitiva contra el exmandatario debe mantenerse vigente. 

“Se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva que fuera prolongada por 18 meses por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 2024”, señala el organismo judicial.  

El caso está vinculado a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades constitucionales, lo que fue interpretado como un intento de quiebre del orden constitucional.  

Lea también: Poder Judicial: juicio oral contra Pedro Castillo inicia el 4 de marzo

La defensa del exmandatario argumentó la existencia de nuevos elementos de convicción que justificarían el cese de la medida, entre ellos la falta de toma de declaraciones a testigos clave y documentos que, según su versión, probarían que no hubo un alzamiento en armas. 

Sin embargo, el Poder Judicial rechazó estos argumentos señalando que “no gozan de entidad suficiente para ser considerados nuevos elementos de convicción” y que la solicitud de la defensa “no está destinada a acreditar hecho alguno vinculado con los delitos imputados”. 

Asimismo, se desestimó el pedido de sustitución de la prisión preventiva por vigilancia electrónica, ya que el delito de rebelión conlleva una pena privativa de libertad no menor de 10 años y no mayor de 20 años, lo que impide la aplicación de dicha medida. 

“No cabe la vigilancia electrónica en el presente caso; más aún cuando el argumento de la defensa es que en el centro penitenciario donde su patrocinado cumple la prisión preventiva (conocido como Barbadillo) no existe hacinamiento”, detalla la resolución.  

Cabe resaltar que Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por los delitos imputados, en un proceso donde también se investigan a los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez.

[AUTO QUE RESUELVE CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA…]

El Poder Ejecutivo publicó la Ley N° 32182, Ley que modifica la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal; la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial; el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957; y el Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, para optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada.

De acuerdo con la norma, aprobada por el Congreso de la República, el Juez o el Fiscal que, incumpliendo dolosamente sus deberes funcionales, ordena o dispone la libertad de una persona detenida en flagrancia por la Policía Nacional del Perú o detenida por arresto ciudadano por la comisión de delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de cinco años, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años.

De esta manera se incorpora una nueva modalidad de delito de prevaricato al Código Penal, para lo cual se incorpora el párrafo segundo al artículo 418° de este cuerpo legislativo.

Toda vez que se establece como una falta muy grave de los jueces y de los fiscales, ordenar -en el caso de los jueces- y disponer -en el caso de los fiscales-, omitiendo sus deberes funcionales, la libertad de personas detenidas en flagrancia por la Policía Nacional del Perú o detenidas bajo arresto ciudadano por la comisión de delitos cuya pena privativa de libertad es mayor de cinco años, modificándose en ese sentido, el artículo 48° de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial y el artículo 47° de la Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal

A tono con ello se establece que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia, entre otros presupuestos, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). En razón a la peligrosidad criminal, acredite el peligro de fuga y el peligro de obstaculización en los casos que el imputado sea vinculado como autor o partícipe en los delitos tipificados en los artículos 108°-C, 108°-D, 152°, 189° y 200° del Código Penal, Decreto Legislativo N° 635. 

En ese sentido de se modifica el artículo 268° del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. 

[NORMA…]

La Corte Suprema de Justicia revocó el mandato de comparecencia con restricciones contra Elizabeth Peralta Santur, suspendida fiscal investigada por presunta corrupción e impuso una orden de prisión preventiva por 18 meses.

El juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo, quien evaluó el requerimiento el lunes 2 de diciembre, tuvo la responsabilidad de dirimir el empate que surgió en la Sala Penal Permanente sobre la solicitud fiscal, ello luego que los magistrados no llegaran a un acuerdo.

Los jueces Norma Carbajal, María Altabás y Saúl Peña Farfán respaldaron el pedido, mientras que sus colegas Manuel Luján, César San Martín e Iván Sequeiros se inclinaron por mantener la comparecencia con restricciones; por ello, se convocó al juez Álvarez Trujillo, quien finalmente inclinó la balanza hacia la medida coercitiva.

Peralta es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. La Fiscalía Suprema apeló la decisión inicial del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien el 2 de octubre último había optado por imponerle la medida de comparecencia con restricciones.

El Poder Ejecutivo, mediante los decretos supremos 110-2024 y 123-2024-PCM, estableció disposiciones para promover el teletrabajo, tanto en instituciones públicas como privadas, durante los días del foro APEC..

Por tanto, el sector privado podrá acogerse al teletrabajo los días 14, 15 y 16 de noviembre, mientras que para el sector público se ha previsto esta modalidad a partir de hoy hasta el miércoles 13 del presente mes.

Lo importante es que la medida requiere de un acuerdo previo entre el empleador y trabajador, en el caso del sector privado. Y si no hubiera acuerdo, la norma faculta al empleador a tomar la decisión final.

De acuerdo con las normas, además, tanto en el sector público como en el privado, se garantizará el funcionamiento de las actividades fundamentales y los servicios esenciales. 

Respecto a las horas no laboradas, estas deberán ser recuperadas posteriormente, según lo establecido en el artículo 2 del decreto supremo 110-2024-PCM. La forma de recuperación será acordada entre empleadores y trabajadores.

Lima, 11 de noviembre de 2024.

[DECRETOS…]

La Comisión Especial encargada de la selección de miembros para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha dado a conocer el cuadro de mérito que define a los siete miembros titulares de la JNJ, así como a los siete suplentes. Según el comunicado oficial, los candidatos seleccionados lograron superar las tres etapas del proceso de evaluación, que comprendieron una prueba de conocimientos, una revisión curricular y una entrevista final.

«En cumplimiento a lo estipulado en los artículos 93° y 94° de la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y habiéndose superado los dos tercios del número legal de miembros de la Comisión Especial, y en concordancia con las etapas de las evaluaciones debidamente publicadas, se da a conocer a la ciudadanía en general el cuadro de méritos que contiene los resultados finales obtenidos por los postulantes en cada etapa del concurso público», dicta el comunicado.

Nuevos titulares de la JNJ

Con ello, la juramentación de los nuevos miembros de la JNJ se realizará el miércoles 30 de octubre. ¿Quiénes serán los titulares? En esta nota de La República te lo contamos.

En tanto lo miembros suplentes son: Cayo César Galindo Sandoval, Mónica Roxana Rosell Medina, Iván Pedro Lino Guevara Vásquez, Freddy Widmar Hernández Rengifo, Roque Augusto Bravo Basaldúa, Iris Estela Pacheco Huancas y Jorge Félix Balarezo Rengifo.

Candidato N°1 del cuadro de mérito tendría acusaciones por violencia psicológica

En ese ese marco, según el cuadro de mérito, el candidato que ocupó el primer lugar en el cuadro de mérito es Gino Ríos Patio, quien tiene el título de Doctor en Derecho y Doctor en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene más de 44 años de experiencia en investigación y docencia criminológica y jurídica, así como en gestión educativa en el ámbito jurídico.

Sin embargo, su hoja de vida no se encuentra libre de presuntas irregularidades. De acuerdo con una investigación de Epicentro, Ríos Patio tendría acusaciones de acusado de violencia psicológica, plagio y usar recursos del Estado.

«Usó abogados de la Procuraduría Anticorrupción que estaban a su cargo para que lo representen en su juicio de divorcio y en otro por alimentos. También echó mano del auto, el chofer y la gasolina que estaban a disposición de su despacho, pero no para resolver asuntos de estado sino para atender temas personales», indicó el reportaje del referido medio.

En el 2007, Ríos Patio demandó por divorcio a su entonces esposa alegando que «abandonó el hogar y se llevó a sus dos hijos». La defensa de demandada la asumió la letrada Obdulia Gildemeister, quien logró identificar la verdadera razón por la cual su clienta tuvo que salir de su hogar.

El medio indicó que «Se le concedió el divorcio por las causales de «Violencia psicológica» ejercidas en su contra por Gino Ríos Patio. Además, el fallo judicial ordenaba que Ríos Patio pagara una indemnización económica de 10 mil soles a favor de su expareja».

Al ser consultado por Epicentro, Gino Ríos no quiso responder sobre estas acusaciones y solo indicó que «se trata de un proceso judicial de naturaleza privada, no estando permitida su difusión».

IDL denuncia irregularidades en el proceso de selección

El Instituto de Defensa Legal (IDL) alertará a la Corte Interamericana de una serie de presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el próximo 15 de noviembre dura una audiencia organizada por la CIDH en el marco del «191 periodo de sesiones». El objetivo de esta participación es comunicar la ausencia de transparencia e imparcialidad en el concurso para elegir a los nuevos miembros.

“Está tan mal (el proceso) que esto no resiste un proceso de amparo o, al menos, no debería. Parte central de los cuestionamientos serán materia de conversación en la audiencia del 15 de noviembre que la Comisión Interamericana le ha dado a la sociedad civil para que hablen justamente del proceso de selección de la JNJ. Ayer la Corte publicó el periodo de sesiones y Perú tiene dos. Una de ellas, que es el 15, se llama Democracia y los efectos del proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros pedimos esa audiencia en julio y felizmente nos la han dado”, comentó la abogada y coordinadora de Justicia Viva – IDL, Cruz Silva del Carpio, a La República.

Roberto Burneo Bermejo ha sido elegido como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, reemplazando al juez Jorge Luis Salas Arenas. La elección se produjo en un ambiente de pleno respeto y profunda vocación democrática entre los jueces supremos titulares, en cumplimiento de la Ley y la Constitución Política del Perú. El periodo de Burneo regirá desde noviembre del presente año hasta noviembre del año 2028 y estará a cargo de organizar y supervisar el proceso de elecciones generales del año 2026. Hasta este momento se desempeñaba como Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Actualmente, preside la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo presidente del JNE es egresado de la Universidad de Piura e inició su carrera judicial en la Junta Nacional de Justicia como juez supremo a los 47 años. En su entrevista mencionó tener una larga trayectoria como abogado independiente; sin embargo, su experiencia en tribunales es mínina.

Jorge Luis Salas Arenas: «Que sea firme en defender la autonomía del sistema electoral»

En entrevista para un medio radial, el juez Salas Arenas comunicó todo su apoyo para brindar la información técnica al nuevo presidente del JNE. Asimismo, hizo hincapié en que deberá ser una persona firme para poder defender la autonomía del sistema electoral.

«Yo tengo la esperanza de que mi reemplazo sea mejor, dama o varón, que sea firme en defender la autonomía del sistema electoral. Ahora, lo que quiero hacer público, lo que ya se les dijo a los jueces de la Corte Suprema, en un documento que envié, que quien resulte elegido o elegida tiene las puertas abiertas para brindarle la información técnica que requiera, para que no se produzca un cambio abrupto», señaló.

¿Cuáles son las funciones del Jurado Nacional de Elecciones?

Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones son:

• Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas.
• Administrar justicia en materia electoral.
• Tiene iniciativa en la formación de las leyes con la finalidad de promover una reforma electoral.

¿Cuál es la trayectoria del nuevo presidente del JNE, Roberto Burneo?

Burneo Bermejo es juez supremo titular desde octubre de 2022, luego de ser nombrado por la Junta Nacional de Justicia en el marco del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos n.°003-2021-SN/JNJ.Actualmente, el electo juez supremo titular preside la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. El flamante titular del JNE cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico.

En el año 2015, fue incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir con los perfiles de Gerente de Asesoría Jurídica y, posteriormente, Gerente General Regional, entre otras posiciones en el ámbito público y privado. El juez supremo se formó en la Universidad de Piura y es Magister en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cuenta con estudios de Maestría en Gestión Pública por EUCIM Business School y la Universidad de San Martín de Porres, y es doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano en la Universidad de la Coruña -España.

Son dos candidatos para dirigir el Poder Judicial

Los jueces supremos titulares Janet Tello Gilardi y Carlos Arias Lazarte compiten por la presidencia del Poder Judicial, para el periodo 2025-2026- De acuerdo con fuentes judiciales, estarían parejos en las preferencias.

Para ganar la presidencia del PJ se requiere obtener la mitad más uno de los votos en primera vuelta o mayoría en segunda votación. Tello Gilardi estuvo dentro del grupo de 10 jueces supremos titulares que hace una semana, le pidió al presidente Javier Arévalo Vela  convocar una Sala Plena para analizar las leyes que viene dando el Congreso en materia penal.

Lima, 24 de octubre de 2024.

El expresidente Alejandro Toledo fue sentenciado a 20 años 6 meses de pena privativa de libertad por colusión y lavado de activos. Este fue juzgado por el escándalo de corrupción en el que también estuvo involucrada la empresa brasileña Odebrecht. La tesis fiscal señalaba que el exmandatario se benefició de los sobornos que la constructora le entregó para ganar la licitación de la carretera Interoceánica.

Toledo Manrique fue acusado de recibir al menos 35 millones de dólares en sobornos de la firma brasileña para favorecerla en la adjudicación del proyecto vial que conecta Brasil y Perú y que fue concluido en 2013 con una extensión de 2,600 kilómetros. Según el Ministerio Público, el dinero fue canalizado a través de Josef Maiman, el fallecido empresario israelí vinculado al entonces jefe de Estado.

En el juicio, el expresidente admitió que Maiman pagó las últimas cuotas de la hipoteca de su casa en Lima, sin precisar el origen de los fondos. El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez presentó evidencia de que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, confirmó el pago millonario para garantizar la adjudicación del proyecto.

“Podemos afirmar, de cara al cierre de este juicio, que Alejandro Toledo solicitó 35 millones de dólares a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto de la Interoceánica y los acuerdos pactados”, expresó el magistrado al solicitar una pena de 20 años y 6 meses de cárcel para Toledo, además de tres años de inhabilitación y el pago de 242 días de multa.

El exgobernante, quien niega las acusaciones en su contra, fue extraditado desde EE. UU. en abril de 2023 y se encuentra recluido en la prisión de Barbadillo. Durante su alegato final, pidió a los jueces que le permitieran “curar o morir en su casa” debido al cáncer y las afecciones al corazón que padece. “Yo soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor (Jorge) Barata, mucho menos con (el supuesto testaferro Josef) Maiman”, agregó.

Mencionó que estuvo bajo arresto domiciliario en EE.UU. antes de ser extraditado para enfrentar el juicio oral en Perú, describió a Maiman como “un gánster a nivel internacional” y señaló que, con la ayuda de especialistas contratados, ha logrado ubicar la “ruta del dinero” que surgió de una “complicidad de Odebrecht con la organización de Maiman”.

“Maiman ha recibido, de parte de Odebrecht, 43 millones de dólares, adicionalmente un millón de euros”, los cuales dijo que están en un banco suizo administrado por un familiar suyo, según Toledo. También recordó que la construcción de la carretera partió de una reunión que sostuvo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su primer gobierno.

“Surgió la necesidad de cómo hacemos para que nuestra economía crezca. Ahí surge el tema (de Brasil) de tener acceso al Pacífico”, a través del territorio peruano, afirmó. “Encontramos la economía en recesión” y “tratamos de estimular la inversión privada”, anotó.

En otro momento de la exposición, Domingo Pérez afirmó que Toledo solicitó 35 millones de dólares a Odebrecht. Visiblemente ofuscado, el exgobernante lo interrumpió desde su asiento: “¿A quién solicité yo?”. Los jueces le pidieron a Toledo que guardara la calma y le advirtieron que, de no hacerlo, sería expulsado de la sala.

Un día antes de escuchar la sentencia, EE.UU. otorgó una ampliación de extradición para Toledo por el caso Ecoteva, relacionado con la transferencia de fondos de Odebrecht a una empresa en Costa Rica, con los cuales se adquirieron bienes en territorio nacional. Este proceso también involucra a la exprimera dama Eliane Karp, actualmente en Israel.

La reciente condena marca un momento decisivo en la historia judicial del país, donde el caso también tiene entre sus procesados a Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de haber comprendido a Alan García (2006-2011), quien se quitó la vida en abril de 2019.

Esta mañana la Junta de Fiscales Supremos eligió a la magistrada Delia Espinoza como nueva titular del Ministerio Público. El cargo era asumido interinamente por Juan Carlos Villena, desde diciembre del 2023, tras la separación de Patricia Benavides del cargo.

La magistrada reemplazará al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien asumió el cargo tras la suspensión y posterior destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada por encabezar una presunta red criminal.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que la magistrada fue electa por mayoría durante la sesión desarrollada en la sede del MP, ubicado en el centro de Lima.

Espinoza recibió los votos de los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos ; y con el suyo, sumó tres votos. Villena Campana obtuvo su propio voto.

En los próximo días Espinoza Valenzuela deberá juramentar, con lo que quedará expedita para asumir oficialmente el cargo de Fiscal de la Nación.

Espinoza Valenzuela se desempeña actualmente como titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, también es Consejera de la Academia de la Magistratura (Amag) y antes de ello, fue representante del MP ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).

La magistrada ocupó la primera posición en la relación de candidatos en reserva de la convocatoria N°004-2021-SN/JNJ de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del 2021 y en julio del 2022 fue designada como fiscal suprema titular al habilitarse la plaza respectiva.

Es egresada en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una Maestría Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, y una Maestría en Gestión Pública por la Universidad Privada Cesar Vallejo.

Según el registro de la Junta Nacional de Justicia, Espinoza Valenzuela fue nombrada fiscal provincial titular en abril del 2002 y en enero del 2009 obtuvo una plaza como fiscal superior penal titular.

Lima, 18 de octubre de 2024.

La Ley 32108, promulgada a inicios de agosto por el Congreso, sigue siendo tema de debate. Diversas organizaciones, entidades públicas y privadas han alertado que la norma beneficia a las organizaciones criminales tras la nueva tipificación del delito y definición para que una agrupación delictiva sea considerada como una organización criminal. Pero también otras implicancias más delicadas, como el tema de los allanamientos, que retrasan la lucha contra la ola de criminalidad que afronta el país.

Sin embargo, para la mayoría de los congresistas, la percepción que tienen sobre la Ley 32108 es diferente. El parlamentario Américo Gonza de Perú Libre, en recientes declaraciones para la prensa, defendió la norma que fue aprobada cuando él era presidente de la Comisión de Justicia y dijo que esta cierra «un vacío que permitía que los fiscales negociaran la libertad de los criminales». No obstante, la ley también beneficiaría a más de 10 congresistas investigados por organización criminal.

Caso Patricia Benavides: 2 congresistas investigadas por presunta organización criminal

Catorce congresistas de diversas bancadas fueron incluidos en una investigación que se le sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal. Las acusaciones incluyen presuntas coordinaciones políticas indebidas, como en el caso de Patricia Chirinos, quien habría colaborado en la presentación de una moción contra la Junta Nacional de Justicia, o la fujimorista Martha Moyano, que habría solicitado la remoción de fiscales del Equipo Lava Jato.

Según la Fiscalía, dos de los catorce congresistas serían coautores de la organización criminal presuntamente liderada por Patricia Benavides:

• Martha Moyano: Jaime Villanueva declaró ante el Ministerio Público que mantenía coordinaciones con la congresista fujimorista. Además, reveló que la parlamentaria habría solicitado personalmente a Patricia Benavides la destitución de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato, con el objetivo de obstaculizar el caso Cócteles.
• Patricia Chirinos: El exasesor de Patricia Benavides también declaró haber mantenido coordinaciones Chirinos Venegas para promover la moción que buscaba investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta causa grave.

Caso ‘Los Niños’: congresistas investigados por Fiscalía

Los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza están implicados en la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público en el marco del caso «Los Niños». A ellos se les acusa de haber formado parte de una presunta organización criminal en alianza con el expresidente Pedro Castillo.

La tesis fiscal sostiene que los cuatro congresistas votaron en contra de las mociones de vacancia presidencial contra Castillo Terrones a cambio de recibir favores. Estos favores habrían incluido la asignación de cargos clave para sus allegados en diversas instituciones del Estado. El caso forma parte de una investigación más amplia que vincula a varios legisladores con supuestas negociaciones ilícitas y uso indebido de sus funciones en apoyo a la gestión del expresidente que se encuentra en prisión tras el intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2023.

Otros legisladores como Wilson Soto, Silvia Monteza y Luis Aragón, también fueron incluidos en la investigación. Asimismo, miembros del Bloque Magisterial y de Perú Libre, como Germán Tacuri y Américo Gonza, son investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

El ‘gánster’ José Luna Gálvez

El congresista José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú y de la universidad Telesup, está implicado en el caso conocido como «Los Gánster de la Política». Según el Equipo Especial de fiscales del caso «Los Cuellos Blancos del Puerto», se le acusa de liderar una organización criminal desde 2016, con el objetivo de cometer delitos contra la administración pública con fines políticos y económicos.

No obstante, Luna Gálvez y otros políticos bajo investigación han solicitado al Poder Judicial y al Ministerio Público que archiven su caso, argumentando que los actos ilícitos que se les atribuyen no se ajustan a la nueva definición legal del delito de organización criminal, vigente desde el 10 de agosto: la Ley 32108.

Waldemar Cerrón: ¿una ley hecha a la medida?

El segundo vicepresidente del Congreso fue el autor de la Ley 32108, hoy cuestionada de favorecer a organizaciones criminales, partidos políticos investigados y, al parecer, también a congresistas. Luego de su promulgación, Waldemar y Vladimir Cerrón presentaron un pedido para archivar la investigación en su contra por crimen organizado denominada «Los Dinámicos del Centro», basándose en la aplicación de la norma legal presentada por él.

Sin embargo, el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz decidió no aplicarla y se justificó en que la Ley 32108 no es acorde a los tratados internacionales a los que está suscrito el país. Recientemente, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró inaplicable la misma norma en el caso «Waykis en la Sombra», pero también aprovechó en referirse al pedido que hizo Cerrón Rojas: «Se trataría de una ley con nombre propio que habría entrado en vigor con el objeto de favorecer a quien promovió dicha ley, prueba de ello es que el congresista Waldemar José Cerrón Rojas, autor de la referida ley, y que a la vez se encuentra investigado por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias», se lee en su resolución.

Fuente: La República

Lima, 18 de octubre de 2024.

En un COMUNICADO la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a través de su Unidad de Sanción y Apelación, pone en conocimiento la suspensión de manera preventiva por seis meses a la jueza superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, le inició un procedimiento disciplinario en su contra.

A la magistrada se le atribuyen presuntas faltas muy graves en su actuación como presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, entre otros actos que son materia de investigación.

La medida cautelar de suspensión preventiva se dispuso en el marco del citado procedimiento administrativo disciplinario con el objeto de asegurar el normal desarrollo del mismo, así como impedir cualquier tipo de obstaculización y así garantizar la eficacia de la resolución final.

Lima, 11 de octubre de 2024

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, informó que hay un paquete de iniciativas legislativas que están siendo evaluadas en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y que están destinadas a combatir la ola de criminalidad que vive el país.

“Están trabajando intensamente. Se les ha pedido que lo hagan lo más rápido posible para dar una norma eficaz, que responda a las necesidades del momento”, dijo el titular del Parlamento al inicio de la sesión plenaria de este jueves 10.

Salhuana aseguró que el Parlamento Nacional comparte plenamente la preocupación que en este momento se vive en las calles, donde transportistas, comerciantes, bodegueros y población en general se están expresando ante el incremento desmesurado de la delincuencia y la inseguridad ciudadana a nivel nacional.

“No podemos estar ajenos a lo que sucede afuera del Palacio Legislativo. Y el país debe saber que el Congreso tiene la absoluta preocupación en este tema”, comentó Salhuana.

Enseguida, manifestó que ese problema complejo, que no se ha generado en los últimos años y que no se ha podido contener en las últimas décadas, se tiene que enfrentar con coraje, con decisión y con unidad de todos los peruanos.

Por ese motivo, llamó a la reflexión a sus colegas legisladores a analizar en qué se ha legislado hasta la fecha para contribuir al combate de la delincuencia en el país.

“Si lo hemos hecho bien, si hemos cometido algún error, si podemos perfeccionar alguna norma, si podemos expedir nuevas leyes que ayuden a castigar con severidad los actos crueles que se cometen en las calles”, puntualizó el presidente del Congreso.

Finalmente, Salhuana exhortó al Poder Ejecutivo, a las instancias del Gobierno, para que actúen conforme a sus atribuciones y competencias ante la ola de criminalidad que vive el país, “con el rigor que corresponde y la eficacia que la situación amerita”.

Lima, 10 de octubre de 2024.

Los trabajadores que esta mañana se vean afectados por la falta de transporte público, debido al paro convocado por los transportistas, tendrán una tolerancia de cuatro horas para ingresar a sus centros de trabajo.

Así lo dispuso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el paro convocado para hoy, jueves 10 de octubre, en la eventualidad de que esta situación excepcional puede dificultar el traslado de los trabajadores.

?? ¡Atención! ??
El #MTPEteInforma, ante las situaciones ocurridas en el transporte público hoy, hemos flexibilizado en 4 horas la tolerancia para que puedas llegar a tu centro de trabajo.
???? https://t.co/t3HmFxNJra pic.twitter.com/xKTaDNf30j— Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) October 10, 2024

En este contexto, la autoridad laboral también solicita a los empleadores priorizar el teletrabajo para salvaguardar la integridad de los empleados, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento.

[Lea también:  Paro de transportistas: Trabajadores tendrán 4 horas de tolerancia para ingresar a sus centros de labores ]

Mediante un comunicado, el MTPE exhorta a los empleadores a adoptar medidas flexibles que compensen las demoras ocasionadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores. Se les pide que permitan el ingreso de los empleados para que puedan realizar sus labores, de acuerdo con sus circunstancias particulares.

“El tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de ello, la decisión corresponde al empleador”, indica el MTPE.

Asevera finalmente que “por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que pueda dar lugar a sanciones disciplinarias”.

Fuente: El Peruano

Lima, 10 de octubre de 2024.

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’. El presentador de televisión, quien se encontraba detenido de manera preliminar, es investigado por ser presunto culpable de los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias. Esta decisión se da tras varios días de incertidumbre. Por su parte, a la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, le dictaron comparecencia con restricciones, así como a Javier Miu Lei, quien deberá de pagar la suma de S/1 millón como caución económica.

Esta decisión se da luego de que el 1 de octubre, el juez Juan Carlos Checkley diera inicio a la audiencia, donde escucho los alegatos tanto de los imputados como los de sus abogados. En esta audiencia, el presentador de televisión pidió al magistrado supremo afrontar este proceso en libertad debido a que tenía responsabilidades como padre de una menor de edad; no obstante, Checkley decidió tomar la decisión de detenerlo a Chibolín de forma preventiva ante una posible fuga del país.

Este caso nace desde que el último 4 de septiembre, la señora Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, acusó a Hurtado de haber ayudado a su hermano y primos en unas gestiones a través de sus contactos. Afirmó que ‘Chibolín’ a través de su nexo con la entonces jefa de Migraciones, Roxana del Águila, habría ayudado a agilizar un trámite para que Roberto Siucho pueda quitarse la nacionalidad peruana. Posteriormente, Ana Siucho dijo que Hurtado le solicitaba dinero a su hermano para «ayuda social» y reveló que habría pedido una coima de un millón de dólares para facilitar la devolución de un cargamento de oro incautado a Javier Miu Lei.

Cabe recordar que el conductor de ‘Sábado con Andrés’ en un momento, según fuentes de La República, consideró convertirse en colaborador eficaz por miedo a la prisión, idea que finalmente fue descartada por su abogado, Elio Rivera, debido a que Hurtado aseguró no haber cometido ningún acto ilícito y ahora deberá permanecer en prisión en lo que dure la investigación para una posterior sentencia.

Poder Judicial dicta comparecencia con restricciones contra Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei

El Poder Judicial ha dictado comparecencia con restricciones para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, a quienes se les acusa de tráfico de influencias. Además, Andrés Hurtado ha recibido una sentencia de 18 meses de prisión preventiva por el mismo delito. La investigación se centra en la devolución de cuatro lingotes de oro confiscados a la empresa de Miu Lei, los cuales habrían sido devueltos mediante sobornos a la fiscal Peralta, con la intermediación de Hurtado.

En la resolución judicial se detalla que Peralta debe pagar una fianza de S/35.000, mientras que Miu Lei tiene que abonar S/1.000.000, en un plazo de tres días. Estos montos se establecen como cauciones económicas, es decir, se devolverán una vez finalizado el proceso judicial.

Se allanaron las propiedades de los involucrados

El último martes 24 de setiembre, el Poder Judicial autorizó el allanamiento de las viviendas del conductor de televisión Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y la empresaria Miu Lei, como parte de la investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La medida de allanamiento tuvo como objetivo incautar documentos y otros elementos que puedan servir como pruebas en la investigación. Según la Fiscalía, existen indicios de que las personas mencionadas habrían participado en actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero proveniente de actos de corrupción.

‘Chibolín’ cobraría altas sumas de dinero por haber llevado a políticos a su programa

El pasado viernes 20 de setiembre también se conoció que la congresista Rosangella Barbarán de la bancada de Fuerza Popular, aseguró que cuando era candidata le pidieron un pago de mil dólares para asistir al programa de Chibolín y como no los pagó, fue retirada de la pauta.

«Yo fui en una oportunidad invitada y me sacaron de la pauta porque me solicitaron un monto. Aproximadamente eran mil dólares solo para asistir al programa. Yo estaba en campaña y recibí una invitación por terceros para poder asistir porque se veía que muchos candidatos asistían a diferentes programas. Ningún otro canal o programa que nos han brindado un espacio nos había dicho de algún monto. El mismo día de la entrevista me dicen que no podía participar porque era un costo de mil dólares, cosa que para mí era imposible pagarlos, entonces decidí no asistir ni tampoco intentar conseguir (el dinero)», declaró ante la prensa.

Fuente: La República

Lima, 02 de octubre de 2024.

En este caso, sí es un delito si se cuenta con un acta de conciliación extrajudicial de acuerdo total y/o con una resolución judicial firme.

Este acto se considera sustracción de menor y puede ser sancionado con hasta dos años de cárcel, según lo establecido en el artículo 147 del Código Penal.

Artículo 147.- Sustracción de menor

El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aún cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad.

Por lo tanto, es fundamental respetar los horarios de los regímenes de visita conforme a lo que indica la resolución judicial.

Lima, 25 de setiembre de 2024.

Andrés Hurtado fue detenido de manera preliminar por la Policía en una clínica de Lima, como parte de la investigación por presuntamente haber recibido un millón de dólares para gestionar la devolución de un lote de oro a Javier Miu Lei.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en un trabajo articulado con Orión-Dirando, informó el Ministerio Público.

«Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y personal PNP de la DIVIAC procedieron con la detención de Andrés Hurtado Grados, dentro del proceso que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho activo», se lee en el anuncio.

«No sabía de esa medida»

Al respecto, el abogado de ‘Chibolín’ aseguró que la captura se debió a los datos que el brindó durante la entrevista que brindaba a Panamericana.

«Las detenciones preliminares no se comunican. Me sorprende que se haya tomado esta medida. Está en la clínica como yo se lo dije. Están aplicando una detención preliminar en razón de lo que yo acabo de contar. Esto acredita lo que mostramos a la Fiscalía de dónde se encontraba», expresó.

Tendrá siete días de detención preliminar.

Lima, 19 de setiembre de 2024

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) informó que abrió un procedimiento administrativo disciplinario a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez.

En un comunicado, la institución se pronunció ante los diferentes hechos difundidos por el programa periodístico Beto a Saber, que se transmite por el canal Willax TV.

La magistrada, recordó, habría sido aludida por el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados en relación con la celebración por el Día del Juez que se efectuó en agosto de 2023.

El 13 del presente mes, la Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la ANC-PJ abrió el procedimiento en contra de la citada jueza por los hechos mencionados en la denuncia, a fin que se diluciden las responsabilidades a las que hubiera lugar, detalló.

La institución se refirió también sobre la denuncia periodística contra la jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima, Paola Valdivia Sánchez, por sus presuntas relaciones extraprocesales con Hurtado Grados. 

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El 17 de este mes, subrayó, la Comisión de Intervención Inmediata de la ANC-PJ inició de oficio una investigación preliminar, con el fin de dilucidar la situación de los presuntos responsables, así como las inconductas funcionales que se podrían haber incurrido.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial reafirmó su compromiso en el control funcional firme y constante de los jueces de todas las instancias, con excepción de los magistrados supremos, garantizándose el debido proceso, puntualizó el comunicado.

Fuente: El Peruano

Fecha: 19/09/2024