En segunda votaci\u00f3n, el Pleno del Congreso aprob\u00f3 el dictamen reca\u00eddo en los proyectos de ley 4145\/2022, 4672\/2022-CR, y otros, que plantea la ley que modifica la Ley 31307, Nuevo C\u00f3digo Procesal Constitucional, con la finalidad de fortalecer los fines de los procesos constitucionales.<\/p>\n\n\n\n
La votaci\u00f3n de la representaci\u00f3n nacional fue de 72 a favor, 20 en contra y 8 abstenciones.<\/p>\n\n\n\n
El texto que agrupa 13 proyectos de ley plantea la modificaci\u00f3n de los art\u00edculos VI y VIII del T\u00edtulo Preliminar y de los art\u00edculos 6, 42, 101, 110, 111 y 112 de la Ley 31307.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el texto aprobado, el articulo VI sobre precedente vinculante se\u00f1ala: \u201c[-] En los procesos de acci\u00f3n popular, la sala competente de la Corte Suprema de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes del Poder Judicial con el voto conforme de cuatro jueces supremos, siempre que sean conformes a la interpretaci\u00f3n que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. La sentencia que lo establece formula la regla jur\u00eddica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Respecto al art\u00edculo 112, referido a la sentencia en los procesos competenciales y sus efectos, establece. \u201cEn los procesos competenciales, la sentencia se obtiene con el voto conforme de cuatro magistrados. En caso de empate, el presidente del Tribunal Constitucional tiene voto decisorio. De no llegarse al n\u00famero de votos exigidos, se tendr\u00e1 por infundada la demanda.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se incorpora el art\u00edculo 52-A al Nuevo C\u00f3digo Procesal Constitucional, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n
\u201cArt\u00edculo 52-A. Procedimiento especial. El tr\u00e1mite de la demanda de amparo donde se cuestione el ejercicio de atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la Rep\u00fablica referidas a la elecci\u00f3n, designaci\u00f3n, ratificaci\u00f3n y remoci\u00f3n de altos funcionarios, as\u00ed como las vinculadas al juicio y antejuicio pol\u00edtico, y a la vacancia y suspensi\u00f3n presidencial, se sujetan a las siguientes disposiciones:<\/p>\n\n\n\n
a) La demanda la interpone el titular del derecho directamente afectado que invoque la vulneraci\u00f3n del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
b) En primera instancia la demanda es de conocimiento de la sala constitucional, quien adopta todas sus decisiones con tres votos conformes; debiendo resolverse en un plazo m\u00e1ximo de 60 d\u00edas h\u00e1biles desde la presentaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n\n\n\n
c) El recurso de apelaci\u00f3n se interpone ante la misma sala y se concede con efecto suspensivo.<\/p>\n\n\n\n
d) La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Rep\u00fablica resuelve la apelaci\u00f3n, y adopta decisiones con cuatro votos conformes.<\/p>\n\n\n\n
e) No procede la medida cautelar<\/p>\n\n\n\n
f) No puede prescindirse de la audiencia \u00fanica; y,<\/p>\n\n\n\n
g) No procede la actuaci\u00f3n inmediata de sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Este procedimiento especial tiene tr\u00e1mite preferente y urgente en todas las instancias dentro de los plazos m\u00e1ximos establecidos, bajo responsabilidad funcional\u00bb, versa el documento.<\/p>\n\n\n\n
Debate<\/p>\n\n\n\n
En su intervenci\u00f3n, el legislador Fernando Rospigliosi Capurro (FP), presidente de la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n y Reglamento, aclar\u00f3 que la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 8 del t\u00edtulo preliminar, refuerza la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en armon\u00eda con la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn tanto la modificaci\u00f3n est\u00e1 enmarcada dentro de lo estipulado en la cuarta disposici\u00f3n final transitoria de la Constituci\u00f3n, que se\u00f1ala que la interpretaci\u00f3n de los derechos y libertades, se interpretan de conformidad con la declaraci\u00f3n universal de los derechos humanos con los tratados y acuerdos internacionales, ratificados por el Per\u00fa\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Dijo que en la propuesta se est\u00e1 incorporando en el art\u00edculo 52-A, un procedimiento especial en el proceso de amparo a fin de dotar de una v\u00eda procesal adecuada en el caso se alegue la vulneraci\u00f3n de derecho constitucional procesal en el procedimiento parlamentario, el mismo que se tramitar\u00e1, de manera preferente y urgente, dentro de un plazo m\u00e1ximo de 60 d\u00edas h\u00e1biles.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLo cual garantizar\u00e1 que exista un pronunciamiento r\u00e1pido y oportuno por parte del \u00f3rgano jurisdiccional\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n
El legislador Jaime Quito Sarmiento (BS) se mostr\u00f3 en contra de la propuesta y se\u00f1al\u00f3 que la propuesta busca controlar al Tribunal Constitucional. \u201cEvidentemente esto es inconstitucional y violenta el equilibrio de poderes y no se puede estar aceptando que se vulnere constantemente lo que es el Estado de derecho, institucional\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Source: Peruvian<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lima, 18 de octubre de 2024<\/strong>.<\/p>\n