El Poder Ejecutivo public\u00f3 la Ley N\u00b0 32130, que modifica el C\u00f3digo Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) con el objetivo de fortalecer la investigaci\u00f3n del delito como funci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa y agilizar los procesos penales.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con esta norma, aprobada por el Congreso de la Rep\u00fablica, el Ministerio P\u00fablico, como titular de la acci\u00f3n penal, asume la conducci\u00f3n jur\u00eddica de la investigaci\u00f3n. Esto implica que debe orientar legalmente las acciones que realice la Polic\u00eda dentro de los par\u00e1metros establecidos por la ley, para obtener elementos de prueba y dem\u00e1s indicios necesarios, garantizando as\u00ed el respeto de los derechos procesales de las personas.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, se establece que la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa ser\u00e1 responsable de la investigaci\u00f3n preliminar del delito. En consecuencia, llevar\u00e1 a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo con sus leyes y reglamentos.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, corresponder\u00e1 al Fiscal definir la estrategia jur\u00eddica, mientras que la Polic\u00eda se encargar\u00e1 de la estrategia operativa en la investigaci\u00f3n del delito. Ambos deber\u00e1n programar y coordinar de manera conjunta el uso de pautas, t\u00e9cnicas y medios necesarios para asegurar la eficacia de la investigaci\u00f3n, garantizando, adem\u00e1s, el derecho de defensa del imputado y sus derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n
La norma tambi\u00e9n especifica que los polic\u00edas encargados de funciones de investigaci\u00f3n deber\u00e1n informar al Ministerio P\u00fablico sobre las diligencias preliminares realizadas y colaborar con el Ministerio P\u00fablico en la investigaci\u00f3n preparatoria formalizada. Es importante destacar que el cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigaci\u00f3n preliminar no generar\u00e1 una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n entre los miembros de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el Fiscal dirigir\u00e1 jur\u00eddicamente la Investigaci\u00f3n Preparatoria, mientras que la Polic\u00eda, en cumplimiento de su funci\u00f3n constitucional, llevar\u00e1 a cabo la investigaci\u00f3n material del delito en la etapa preliminar, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de parte, siempre que no requiera autorizaci\u00f3n judicial ni tenga contenido jurisdiccional, con el fin de esclarecer los hechos.<\/p>\n\n\n\n
Una vez formalizada la Investigaci\u00f3n Preparatoria, el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 solicitar a la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa la realizaci\u00f3n de investigaciones complementarias, reguladas por lo dispuesto en el art\u00edculo 65\u00b0 del C\u00f3digo Procesal Penal.<\/p>\n\n\n\n
La ley tambi\u00e9n establece que el abogado defensor gozar\u00e1 de todos los derechos conferidos por la ley para el ejercicio de su profesi\u00f3n, incluyendo el acceso a documentos policiales y a expedientes fiscales y judiciales durante todo el proceso, con la \u00fanica limitaci\u00f3n prevista en la ley, as\u00ed como la posibilidad de obtener copias simples de las actuaciones en cualquier etapa del procedimiento.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la vigencia de las requisitorias para la detenci\u00f3n preliminar judicial, se establece que las requisitorias relacionadas con delitos como terrorismo, espionaje, tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, robo agravado, extorsi\u00f3n, sicariato, y otros delitos bajo la competencia del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protecci\u00f3n y Sanci\u00f3n de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) no caducar\u00e1n hasta la efectiva detenci\u00f3n de los requisitoriados.<\/p>\n\n\n\n
La ley tambi\u00e9n establece que el recurso de casaci\u00f3n proceder\u00e1 contra sentencias definitivas, la denegaci\u00f3n de autos de sobreseimiento, y aquellos autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acci\u00f3n penal o la pena, o denieguen la extinci\u00f3n, conmutaci\u00f3n, reserva o suspensi\u00f3n de la pena, emitidos en apelaci\u00f3n por las Salas Penales Superiores.<\/p>\n\n\n\n
Entre las limitaciones a la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, se destacan dos: a) Si se trata de autos que pongan fin al proceso, cuando el delito imputado m\u00e1s grave tenga una pena privativa de libertad efectiva o mayor a seis a\u00f1os. b) Si se trata de sentencias, cuando el delito m\u00e1s grave se\u00f1alado en la acusaci\u00f3n escrita del Fiscal tenga una pena privativa de libertad efectiva o mayor a seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
La Ley N\u00b0 32130 modifica los art\u00edculos IV del t\u00edtulo preliminar, 53\u00b0, 54\u00b0, 60\u00b0, 61\u00b0, 65\u00b0, 67\u00b0, 68\u00b0, 84\u00b0, 160\u00b0, 173\u00b0, 180\u00b0, 205\u00b0, 216\u00b0, 223\u00b0, 230\u00b0, 261\u00b0, 283\u00b0, 286\u00b0, 287\u00b0, 288\u00b0, 289\u00b0, 321\u00b0, 322\u00b0, 329\u00b0, 330\u00b0, 331\u00b0, 332\u00b0, 337\u00b0, 353\u00b0, 427\u00b0, 429\u00b0 y 430\u00b0 del C\u00f3digo Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Conozca la norma aqu\u00ed.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lima, 10 de octubre de 2024.<\/strong><\/p>\n