La m\u00e1xima instancia judicial precisa el mencionado deber-poder que tienen los jueces<\/p>\n\n\n\n
Los jueces de la Rep\u00fablica tienen el deber\u2013poder de control de virtualidad y legalidad de los actos administrativos firmes cuando el derecho reconocido por la administraci\u00f3n es manifiestamente controvertido o cuestionable, por lo que se vulnera el principio constitucional del debido proceso, en su manifestaci\u00f3n del derecho a la motivaci\u00f3n de las resoluciones judiciales, cuando los \u00f3rganos jurisdiccionales, al emitir pronunciamiento, omiten observar dicho deber al no expresar las razones de hecho y de derecho que justifican la decisi\u00f3n adoptada.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia correspondiente a la Casaci\u00f3n N\u00b0 34870-2022 Ucayali emitida por su Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria con la cual declara fundado aquel recurso interpuesto dentro de un proceso urgente de cumplimiento de resoluci\u00f3n administrativa y otro.<\/p>\n\n\n\n
De esta manera, la m\u00e1xima instancia judicial precisa el mencionado deber-poder que tienen los jueces para no vulnerar el debido proceso.<\/p>\n\n\n\n
Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el caso materia de la citada casaci\u00f3n el sindicato de trabajadores de una entidad interpone una demanda para que se cumpla una resoluci\u00f3n administrativa con la cual se reconoce una serie derechos laborales, se paguen los devengados e intereses legales de acuerdo con el decreto ley n\u00ba 25920; y, se ordene la inclusi\u00f3n en las boletas de pago del personal beneficiado del \u00edntegro del derecho reconocido; m\u00e1s el pago de los intereses legales laborales de los beneficios sociales generados a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda de los trabajadores en el acto administrativo.<\/p>\n\n\n\n El juzgado correspondiente declar\u00f3 fundada en parte la demanda y en apelaci\u00f3n la sala especializada en lo civil competente confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n de la primera instancia judicial. Ante ello, la entidad demandada interpuso recurso de casaci\u00f3n alegando, entre otras razones, que el colegiado superior al emitir su sentencia incurri\u00f3 en infracci\u00f3n normativa del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto de urgencia n\u00b0 037-94.<\/p>\n\n\n\n Decision<\/strong><\/p>\n\n\n\n Al conocer el caso en casaci\u00f3n, la sala suprema advierte que dados los cuestionamientos expuestos tanto en la contestaci\u00f3n de la demanda como en el recurso de apelaci\u00f3n formulados por la parte demandada, respecto a que no corresponde a los trabajadores sindicalizados involucrados otorgarles el pago de los devengados e intereses legales, provenientes de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto de Urgencia N\u00b0 037-94, reconocidos en la resoluci\u00f3n administrativa materia del proceso, por ser un derecho que no es incondicional y cuestionable; correspond\u00eda a la instancia de m\u00e9rito evaluar la naturaleza del concepto establecido legalmente y, de ser el caso, determinar si los trabajadores, en su condici\u00f3n de servidores de la entidad demandada, cumpl\u00edan con las condiciones previstas para gozar del mismo.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, el supremo tribunal determina que frente a este caso en el que el derecho reconocido por la administraci\u00f3n p\u00fablica es manifiestamente controvertido o cuestionable, correspond\u00eda a la sala superior \u2013absolviendo los agravios del recurso apelaci\u00f3n\u2013 motivar debida y adecuadamente su decisi\u00f3n de confirmar la sentencia apelada. \u201cLo que no hizo, desconociendo de este modo que la acci\u00f3n contenciosa administrativa consagrada en el art\u00edculo 148\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa, de un lado, tiene por finalidad el control jur\u00eddico por el poder judicial de las actuaciones de la administraci\u00f3n p\u00fablica sujetas al derecho administrativo\u201d, puntualiza en sinton\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley N\u00b0 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo.<\/p>\n\n\n\n \u201cDe ah\u00ed que los jueces de la Rep\u00fablica tienen el deber\u2013poder de control de virtualidad y legalidad de los actos administrativos firmes, a fin de establecer su validez y que estos no se sustenten en normas que no se ci\u00f1en al marco legal previsto para el otorgamiento del beneficio\u201d, explica el colegiado supremo a tono con la sentencia del Expediente N\u00b0 01404-2011-PC\/TC, emitida por el Tribunal Constitucional (TC).<\/p>\n\n\n\n A la par, la sala suprema advierte que, en el caso, el juez de primera instancia inobserv\u00f3 verificar la virtualidad del acto administrativo, vale decir, si los trabajadores que integran el sindicato demandante percibieron una remuneraci\u00f3n menor a los 300 soles en julio de 1994. \u201cPor lo que, la resoluci\u00f3n administrativa materia de cumplimiento resultar\u00eda ser un acto administrativo controvertido que requiere de una actuaci\u00f3n probatorio\u201d, precisa.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, el supremo tribunal considera claro que la sentencia de primer grado contiene motivaci\u00f3n insuficiente.<\/p>\n\n\n\n En consecuencia, la sala suprema concluye que las instancias de m\u00e9rito emitieron un pronunciamiento que se subsume en uno de los supuestos que delimitan el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivaci\u00f3n; transgrediendo as\u00ed el principio constitucional del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n Por lo expuesto, la m\u00e1xima instancia judicial declara fundada la citada casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Jurisprudence<\/strong><\/p>\n\n\n\n La sala suprema atiende el s\u00e9ptimo fundamento de la STC N\u00b0 9727-2005-PHC\/TC, el cual indica: \u201c(\u2026) el debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de car\u00e1cter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivaci\u00f3n; en su faz sustantiva, se relaciona con los est\u00e1ndares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisi\u00f3n judicial debe suponer\u201d. <\/p>\n\n\n\n Colige adem\u00e1s que el derecho al debido proceso se subdivide en dos dimensiones, una de car\u00e1cter formal o procesal; y, la otra, de naturaleza sustantiva o material. El primero, implica el respeto a las garant\u00edas que aseguran un procedimiento v\u00e1lido orientado a una decisi\u00f3n equitativa e imparcial, como al derecho a la defensa, a un juez natural, pluralidad de instancias, entre otros. Y, lo sustantivo o material, se refiere al fondo o contenido de las sentencias, puesto que, cabe la posibilidad que las decisiones se hayan emitido con respeto a las garant\u00edas procesales, sin embargo, podr\u00edan ser carentes de proporcionalidad y, por ende, de razonabilidad, al dejar de lado la protecci\u00f3n de los derechos que subyacen al debido proceso.<\/p>\n