La Primera Sala Constitucional de Lima declar\u00f3 infundada la demanda de acci\u00f3n popular presentada por la Asociaci\u00f3n Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps), que buscaba dejar sin efecto el art\u00edculo 7.2 del reglamento de la Ley Nacional del C\u00e1ncer. Esta decisi\u00f3n sienta un \u201cprecedente hist\u00f3rico\u201d al garantizar una atenci\u00f3n oncol\u00f3gica adecuada para los ciudadanos, afirm\u00f3 Edson Aguilar Zelada, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.<\/p>\n\n\n\n
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano<\/em>, Aguilar destac\u00f3 que esta sentencia representa un acto de justicia para las personas que, pese a contar con un seguro privado de salud y haber confiado en su cobertura oncol\u00f3gica, fueron desamparadas por sus aseguradoras al ser diagnosticadas con c\u00e1ncer, a pesar de haber cumplido con sus pagos mensuales.<\/p>\n\n\n\n Exclusi\u00f3n de tratamientos<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u201cEl seguro les excluy\u00f3 medicamentos prescritos por m\u00e9dicos especialistas, quienes sab\u00edan que estos f\u00e1rmacos no solo pod\u00edan frenar el avance de la enfermedad, sino tambi\u00e9n mejorar significativamente la calidad y expectativa de vida del paciente\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Aguilar precis\u00f3 que, a pesar de la evidencia cl\u00ednica internacional y del uso de estos tratamientos en pa\u00edses del primer mundo, as\u00ed como en naciones de la regi\u00f3n como Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, las aseguradoras peruanas los negaban sistem\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas aseguradoras alegaban que, al no estar incluidos en las gu\u00edas cl\u00ednicas nacionales, no pod\u00edan cubrirlos, aun cuando las gu\u00edas internacionales ya los reconocen como parte del tratamiento oncol\u00f3gico est\u00e1ndar\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Contenido del art\u00edculo 7.2<\/strong><\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 7.2 de la Ley N.\u00ba 31336 establece que las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (IAFAS) privadas deben asegurar la cobertura integral de los tratamientos oncol\u00f3gicos en sus p\u00f3lizas de seguro, incluyendo aquellos reconocidos por las gu\u00edas cl\u00ednicas internacionales, independientemente de su condici\u00f3n como estudios cl\u00ednicos.<\/p>\n\n\n\n El derecho a una cobertura real<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aguilar refut\u00f3 los argumentos de la Apeps al se\u00f1alar que quien contrata un seguro privado lo hace esperando una atenci\u00f3n superior a la que ofrece el sistema p\u00fablico. \u201cCuando te ofrecen una p\u00f3liza con una cobertura de dos, cinco o m\u00e1s millones de soles, uno piensa que estar\u00e1 protegido. Sin embargo, al momento del diagn\u00f3stico, se enfrentan a cl\u00e1usulas restrictivas que excluyen medicamentos vitales, quedando solo con opciones como la quimioterapia tradicional\u201d, lament\u00f3.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl c\u00e1ncer no siempre es sin\u00f3nimo de muerte inminente, especialmente si se detecta a tiempo y se cuenta con el tratamiento adecuado. Esta sentencia reconoce eso\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Impacto econ\u00f3mico y social<\/strong><\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n judicial tambi\u00e9n reconoce a aquellas familias que, pese a tener seguro, se vieron obligadas a vender propiedades, endeudarse o abandonar estudios para costear tratamientos negados por sus aseguradoras.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl fallo pone fin a una l\u00f3gica comercial que prioriza la rentabilidad sobre el derecho a la salud. El Poder Judicial ha dicho claramente que las aseguradoras no pueden seguir negando cobertura\u201d, sostuvo Aguilar. Subray\u00f3, adem\u00e1s, que todos los argumentos de la Apeps fueron declarados infundados en su totalidad: \u201cNi una sola de sus aseveraciones fue acogida por el tribunal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Aplicaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del c\u00e1ncer<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta sentencia, remarc\u00f3, no solo fortalece el cumplimiento del art\u00edculo 7.2 de la Ley Nacional del C\u00e1ncer, sino que tambi\u00e9n sienta un precedente para exigir una atenci\u00f3n m\u00e9dica integral en otros contextos de salud, tanto en el \u00e1mbito privado como en el p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Llamado a la acci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aguilar felicit\u00f3 la respuesta efectiva del Estado, reconociendo el papel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Salud (Minsa), que defendieron la legalidad del reglamento, as\u00ed como del Poder Judicial, que garantiz\u00f3 los derechos ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, hizo un llamado al Minsa y a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para que difundan esta sentencia entre la poblaci\u00f3n y fiscalicen su cumplimiento. \u201cNinguna aseguradora puede rechazar un medicamento prescrito por el onc\u00f3logo si est\u00e1 amparado en el reglamento. Adem\u00e1s, si alguna compa\u00f1\u00eda desobedece el fallo, Susalud debe ejercer su facultad sancionadora, adem\u00e1s de la fiscalizadora\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n [LEY N.\u00b0 31336\u2026]<\/mark><\/strong><\/p>\n