La regulaci\u00f3n por parte del legislador de un supuesto en el que no sea aplicable la prisi\u00f3n preventiva o la detenci\u00f3n preliminar, cuando el agente de la Polic\u00eda Nacional act\u00fae en cumplimiento de sus funciones y utilice su arma de manera reglamentaria, no es inconstitucional.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed lo determin\u00f3 el Tribunal Constitucional (TC) mediante la sentencia reca\u00edda en los expedientes 00008-2021-PI\/TC y 00012-2022-PI\/TC, debido a que su finalidad es proteger otros bienes constitucionales, como la funci\u00f3n policial y el deber de protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El TC tambi\u00e9n declar\u00f3 fundada en parte la demanda presentada por los colegios de abogados de Huaura y Puno, y declar\u00f3 inconstitucional la frase \u201co d\u00e9jese en suspenso, seg\u00fan el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su aplicaci\u00f3n, con la entrada en vigor de la presente ley\u201d, contenida en la \u00danica Disposici\u00f3n Complementaria Derogatoria de la Ley N\u00b0 31012, Ley de Protecci\u00f3n Policial.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, el TC interpret\u00f3 que la derogaci\u00f3n del texto legal contenido en el literal c) del art\u00edculo 4.1 del Decreto Legislativo N\u00b0 1186 no implica que el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de armas por la Polic\u00eda Nacional haya dejado de ser vigente en el ordenamiento jur\u00eddico nacional.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Para el TC, el uso de la fuerza por el personal policial deriva del monopolio de la violencia leg\u00edtima del Estado, a fin de cumplir funciones constitucionales como la protecci\u00f3n de las personas contra amenazas a su seguridad.<\/p>\n\n\n\n
Por lo mismo, no puede ser equiparado a la acci\u00f3n de un particular, en la medida en que el uso de la fuerza que requiere el personal policial para doblegar la resistencia de la persona a ser intervenida, en los casos en que sea necesario, debe implicar un nivel de fuerza mayor al de la persona intervenida. Esta legitimidad en el uso de la fuerza, ha determinado que el legislador haya establecido supuestos de exenci\u00f3n de responsabilidad penal; \u201clo cual \u2013claro est\u00e1- no resulta aplicable al personal policial que, en lugar de actuar en cumplimiento de su deber, se dedique a la actividad delictiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Predial<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal Constitucional resolvi\u00f3 la demanda de inconstitucionalidad (expediente 00005-2023-PI\/TC) presentada por el Colegio de Abogados de Lima Sur contra los art\u00edculos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y las disposiciones complementarias modificatorias de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (N\u00b0 31313). De esa forma, el colegiado declar\u00f3 inconstitucional la tasa adicional al impuesto predial aplicable al valor del suelo.<\/p>\n