{"id":14823,"date":"2026-02-05T12:17:34","date_gmt":"2026-02-05T17:17:34","guid":{"rendered":"https:\/\/esford.pe\/?post_type=jurisprudencia&p=14823"},"modified":"2026-02-05T12:46:10","modified_gmt":"2026-02-05T17:46:10","slug":"decreto-legislativo-n-1709-reforma-estructural-al-proceso-de-responsabilidad-penal-de-adolescentes","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/esford.pe\/ing\/jurisprudencia\/decreto-legislativo-n-1709-reforma-estructural-al-proceso-de-responsabilidad-penal-de-adolescentes\/","title":{"rendered":"DECRETO LEGISLATIVO N.\u00b0 1709: reforma estructural al proceso de responsabilidad penal de adolescentes"},"content":{"rendered":"

El Decreto Legislativo N.\u00b0 1709 constituye una modificaci\u00f3n sustancial al C\u00f3digo de Responsabilidad Penal de Adolescentes, emitido en el marco de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Desde una perspectiva jur\u00eddico-dogm\u00e1tica, la norma no persigue una l\u00f3gica punitivista, sino una optimizaci\u00f3n funcional del sistema de justicia penal juvenil<\/strong>, orientada a corregir deficiencias estructurales que ven\u00edan generando dilaciones indebidas y respuestas jurisdiccionales poco eficaces frente a los conflictos penales protagonizados por adolescentes.<\/p>\n\n\n\n

La reforma se inserta dentro del paradigma de la justicia penal juvenil especializada<\/strong>, cuyo fundamento constitucional y convencional se asienta en el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, as\u00ed como en la obligaci\u00f3n del Estado de garantizar procesos diferenciados, proporcionales y orientados a la reintegraci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

Reafirmaci\u00f3n de los principios estructurales del sistema penal juvenil<\/h3>\n\n\n\n

Uno de los ejes interpretativos del Decreto Legislativo N.\u00b0 1709 es la reafirmaci\u00f3n de los principios que informan el sistema de responsabilidad penal adolescente, entre los cuales destacan el inter\u00e9s superior del adolescente, la justicia especializada y el principio de desjudicializaci\u00f3n<\/strong>. Estos principios no solo cumplen una funci\u00f3n program\u00e1tica, sino tambi\u00e9n hermen\u00e9utica, en la medida en que orientan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas procesales dentro de un modelo socioeducativo.<\/p>\n\n\n\n

Desde esta perspectiva, la intervenci\u00f3n penal respecto de adolescentes no puede entenderse bajo los mismos par\u00e1metros de la justicia penal de adultos, pues su finalidad no es esencialmente retributiva, sino educativa, restaurativa y de reinserci\u00f3n social<\/strong>. En consecuencia, toda modificaci\u00f3n normativa debe evaluarse a la luz de dichos principios, como criterios de legitimidad constitucional y convencional.<\/p>\n\n\n\n

Reestructuraci\u00f3n del \u00f3rgano de juzgamiento<\/h3>\n\n\n\n

Uno de los cambios m\u00e1s relevantes introducidos por la reforma es la modificaci\u00f3n del modelo de juzgamiento, estableciendo que los Juzgados de Juzgamiento de Adolescentes sean de naturaleza unipersonal<\/strong> y que, materialmente, conozcan todos los procesos regulados por el C\u00f3digo.<\/p>\n\n\n\n

Desde una perspectiva procesal, esta modificaci\u00f3n responde a un criterio de simplificaci\u00f3n estructural y racionalizaci\u00f3n del sistema de audiencias<\/strong>, pues elimina las dificultades log\u00edsticas propias de la integraci\u00f3n de \u00f3rganos colegiados, lo cual incide directamente en la duraci\u00f3n del proceso y en la continuidad del juicio oral.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, esta transformaci\u00f3n institucional exige una lectura garantista: el juez unipersonal deber\u00e1 asumir mayores responsabilidades en la conducci\u00f3n del juicio, en la valoraci\u00f3n probatoria y en la motivaci\u00f3n de la sentencia, lo que implica reforzar los est\u00e1ndares de especializaci\u00f3n, independencia y formaci\u00f3n t\u00e9cnica<\/strong> de los magistrados que intervienen en el sistema penal juvenil.<\/p>\n\n\n\n

Ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la terminaci\u00f3n anticipada<\/h3>\n\n\n\n

La reforma tambi\u00e9n introduce una modificaci\u00f3n relevante en el r\u00e9gimen de la terminaci\u00f3n anticipada del proceso<\/strong>, ampliando su oportunidad procesal hasta antes de la notificaci\u00f3n del auto de enjuiciamiento en la etapa de investigaci\u00f3n preparatoria, y permitiendo su planteamiento incluso durante la audiencia de control de acusaci\u00f3n en la etapa intermedia.<\/p>\n\n\n\n

Desde una perspectiva de pol\u00edtica criminal, esta modificaci\u00f3n responde al principio de econom\u00eda procesal y desjudicializaci\u00f3n<\/strong>, permitiendo soluciones tempranas al conflicto penal sin necesidad de agotar la etapa de juzgamiento, siempre que se respeten las garant\u00edas del debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, en el contexto del sistema penal juvenil, esta figura requiere una aplicaci\u00f3n particularmente cuidadosa. El consentimiento del adolescente debe ser libre, informado y asistido t\u00e9cnicamente por su defensa<\/strong>, evitando cualquier forma de presi\u00f3n o inducci\u00f3n indebida. Asimismo, el juez debe verificar la proporcionalidad de la medida socioeducativa acordada y su compatibilidad con los fines de reintegraci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

Adecuaci\u00f3n funcional del sistema y seguridad jur\u00eddica<\/h3>\n\n\n\n

La norma dispone que toda referencia normativa a \u00f3rganos colegiados en materia de juzgamiento debe entenderse, desde su vigencia, como referida a juzgados unipersonales especializados<\/strong>. Esta disposici\u00f3n tiene una finalidad t\u00e9cnica clara: evitar conflictos de competencia, interpretaciones contradictorias o vac\u00edos normativos durante la implementaci\u00f3n de la reforma.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una cl\u00e1usula de adecuaci\u00f3n funcional que contribuye a la seguridad jur\u00eddica del sistema<\/strong>, garantizando la continuidad de los procesos y la coherencia de las actuaciones jurisdiccionales.<\/p>\n\n\n\n

Desaf\u00edos de implementaci\u00f3n y coherencia con el modelo socioeducativo<\/h3>\n\n\n\n

Aunque la reforma introduce mecanismos orientados a la celeridad y eficiencia procesal, su \u00e9xito depender\u00e1, en gran medida, de las condiciones reales de implementaci\u00f3n: carga procesal, disponibilidad de jueces especializados, recursos log\u00edsticos y actualizaci\u00f3n de los reglamentos operativos.<\/p>\n\n\n\n

Existe el riesgo de que una interpretaci\u00f3n meramente utilitarista de la reforma conduzca a una aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de figuras como la terminaci\u00f3n anticipada, sin una evaluaci\u00f3n individualizada del adolescente y sin considerar los objetivos socioeducativos del sistema. Por ello, la reforma debe ser interpretada y aplicada conforme a los est\u00e1ndares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales de la justicia penal juvenil.<\/p>\n\n\n\n

Valoraci\u00f3n jur\u00eddica <\/h3>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos generales, el Decreto Legislativo N.\u00b0 1709 constituye una reforma de car\u00e1cter estructural y funcional<\/strong>, orientada a mejorar la eficiencia del sistema de responsabilidad penal adolescente mediante la simplificaci\u00f3n del \u00f3rgano de juzgamiento y la ampliaci\u00f3n de mecanismos de soluci\u00f3n anticipada del proceso.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, su legitimidad material no depender\u00e1 \u00fanicamente del texto normativo, sino de su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica conforme a los principios rectores del sistema juvenil: inter\u00e9s superior del adolescente, proporcionalidad, especializaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n social<\/strong>. Solo bajo estos par\u00e1metros la reforma podr\u00e1 contribuir efectivamente a un sistema de justicia juvenil m\u00e1s \u00e1gil, garantista y coherente con el Estado constitucional de derecho.<\/p>\n\n\n\n

[DECRETO LEGISLATIVO\u2026]<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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