{"id":14173,"date":"2025-05-16T12:09:54","date_gmt":"2025-05-16T17:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/esford.pe\/?post_type=jurisprudencia&#038;p=14173"},"modified":"2025-05-16T12:13:53","modified_gmt":"2025-05-16T17:13:53","slug":"casacion-laboral-n-00794-2021-lima-sabia-usted-que-la-tercerizacion-se-desnaturaliza-por-la-entrega-de-beneficios-y-fotochecks","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/esford.pe\/ing\/jurisprudencia\/casacion-laboral-n-00794-2021-lima-sabia-usted-que-la-tercerizacion-se-desnaturaliza-por-la-entrega-de-beneficios-y-fotochecks\/","title":{"rendered":"Casaci\u00f3n Laboral N.\u00b0 00794-2021 Lima: \u00bfSab\u00eda usted que la tercerizaci\u00f3n se desnaturaliza por la entrega de beneficios y fotochecks?\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>La tercerizaci\u00f3n se desnaturaliza cuando la empresa principal o usuaria otorga beneficios y fotochecks a los trabajadores de la empresa tercerizadora o contratista.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuyo caso debe reconocerse en aplicaci\u00f3n del principio de primac\u00eda de la realidad la existencia de contratos de trabajo a plazo indeterminado entre aquellos trabajadores y la empresa principal o usuaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos constituyen los principales lineamientos jurisprudenciales que se desprenden de la sentencia correspondiente a la Casaci\u00f3n Laboral N\u00b0 00794-2021 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, con la cual por mayor\u00eda declara fundado aquel recurso interpuesto dentro de un proceso ordinario laboral de desnaturalizaci\u00f3n laboral y otros.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta manera, la m\u00e1xima instancia judicial delimita un supuesto de desnaturalizaci\u00f3n de la tercerizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#fd0505\" class=\"has-inline-color\">Antecedentes<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el caso materia de la citada casaci\u00f3n laboral, un trabajador interpone una demanda para que se declare la desnaturalizaci\u00f3n de una serie de contratos de tercerizaci\u00f3n y se reconozca la existencia de su relaci\u00f3n laboral a plazo indeterminado con la empresa principal o usuaria que suscribi\u00f3 aquellos contratos, manteniendo su actual cargo, nivel, categor\u00eda y remuneraci\u00f3n alcanzada.<\/p>\n\n\n\n<p>El juzgado de Trabajo que conoci\u00f3 el caso declar\u00f3 infundada la demanda y, en apelaci\u00f3n, la sala laboral superior confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n judicial de primera instancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ante ello, el trabajador demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n laboral, alegando \u2013entre otras razones\u2013 que el colegiado superior al expedir su sentencia incurri\u00f3 en interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley N\u00b0 29245, que regula los servicios de tercerizaci\u00f3n; as\u00ed como en infracci\u00f3n normativa por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 5\u00b0 de esta ley y de los art\u00edculos 3\u00b0, 4\u00b0 y 5\u00b0 de su reglamento. Tambi\u00e9n por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00b0 inciso 2 de la Ley que regula los Servicios de Tercerizaci\u00f3n e inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto Legislativo N\u00b0 1038, que precisa los alcances de la ley que regula los servicios de tercerizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#fd0505\" class=\"has-inline-color\">An\u00e1lisis<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al tomar conocimiento del caso en casaci\u00f3n laboral, la sala suprema advierte que la empresa que como principal o usuaria suscribi\u00f3 los contratos de tercerizaci\u00f3n, por voluntad propia, pact\u00f3 y otorg\u00f3 beneficios a trabajadores de la empresa contratista, garantizando la continuidad laboral de los trabajadores tercerizados en la empresa contratista que determine como empresa principal.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto, a todas luces, evidenciar\u00eda la ausencia de autonom\u00eda empresarial de la que adolece la empresa tercerizadora codemandada adscrita a la empresa principal, colige el supremo tribunal.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre el elemento caracter\u00edstico relacionado con la pluralidad de clientes que debiera cumplir toda empresa que realiza actividades tercerizadas, el colegiado supremo precisa que, en este caso, la empresa tercerizadora codemandada con la empresa principal no ha cumplido oportunamente con acreditar este elemento caracter\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n<p>Al respecto, la sala suprema menciona que en algunos casos la pluralidad de clientes no puede cumplirse debido a una situaci\u00f3n coyuntural o transitoria, que suele depender, entre otros factores, por la antig\u00fcedad de la empresa tercerizadora en el mercado u otras situaciones que pueden ser ajenas a su control.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, dicha situaci\u00f3n coyuntural o transitoria que impide la pluralidad de clientes no ha sido manifestada o esclarecida por la empresa tercerizadora codemandada, advierte el colegiado supremo.<\/p>\n\n\n\n<p>A la par, constata la existencia de un fotocheck entregado al trabajador demandante que contiene el logo de la empresa principal, as\u00ed como la firma y sello del gerente de seguridad de dicha empresa, donde se expresa la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de expedici\u00f3n de dicho documento y su fecha de vencimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n la sala suprema verifica la existencia de otro fotocheck entregado al trabajador demandante con fecha de emisi\u00f3n, fecha de caducidad y una serie de recomendaciones respecto de la forma de la prestaci\u00f3n del servicio para desempe\u00f1ar su cargo.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese contexto, verifica a su vez que estos documentales no implican una prestaci\u00f3n de servicios eventual. Por el contrario, el colegiado supremo verifica que se entregan los fotochecks por per\u00edodos anuales.<\/p>\n\n\n\n<p>En consecuencia, el m\u00e1ximo tribunal presume que el trabajador demandante no necesariamente se encontraba bajo exclusiva subordinaci\u00f3n de la empresa tercerizadora.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#f90808\" class=\"has-inline-color\">Decision<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por todo lo expuesto, la sala suprema colige que los servicios realizados por la empresa tercerizadora codemandada no fueron prestados con plena autonom\u00eda empresarial, por lo que m\u00e1s bien se trata de un caso de una simple provisi\u00f3n de personal, habi\u00e9ndose as\u00ed desnaturalizado los contratos de tercerizaci\u00f3n suscritos por las codemandadas.<\/p>\n\n\n\n<p>De modo tal, el supremo tribunal determina que en aplicaci\u00f3n del principio de primac\u00eda de la realidad debe reconocerse la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado entre el trabajador demandante y la empresa que fungi\u00f3 como principal en los contratos de tercerizaci\u00f3n que esta suscribi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>A tono con ello, la sala suprema declara fundado el mencionado recurso de casaci\u00f3n laboral.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#fd0707\" class=\"has-inline-color\">Rules<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley N\u00b0 29245, que regula los servicios de tercerizaci\u00f3n, se entiende por tercerizaci\u00f3n la contrataci\u00f3n de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, t\u00e9cnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores est\u00e9n bajo su exclusiva subordinaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, constituyen elementos caracter\u00edsticos de tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversi\u00f3n de capital y la retribuci\u00f3n por obra o servicio. En ning\u00fan caso se admite la sola provisi\u00f3n de personal, precisa la norma. Dicho art\u00edculo tambi\u00e9n especifica que la aplicaci\u00f3n de este sistema de contrataci\u00f3n no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#f70202\" class=\"has-inline-color\">[JURISPRUDENCE...]<\/mark><\/strong><\/p>","protected":false},"template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"categorias":[],"class_list":["post-14173","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/14173","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/14173\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14173"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categorias","embeddable":true,"href":"https:\/\/esford.pe\/ing\/wp-json\/wp\/v2\/categorias?post=14173"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}