Lima, 21 de mayo de 2025
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, propuso ampliar el alcance de la figura de la flagrancia para incluir delitos de criminalidad organizada, violencia de género, tentativa de feminicidio y feminicidio, debido a la gravedad y frecuencia con que estos afectan a la sociedad.
El anuncio fue realizado durante la inauguración del IV Congreso Internacional de Flagrancia, titulado «El nuevo enfoque del sistema especializado de flagrancia», que se desarrollará hasta el jueves 22 de mayo y contará con la participación de expertos de nueve países, incluido el Perú.
Tello destacó los avances logrados por las unidades de flagrancia desde su implementación en 2022, como parte de la estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. “Los resultados hablan por sí solos. Desde esa fecha se han registrado más de 16,000 casos, de los cuales más de 14,000 fueron resueltos en menos de 24 horas, alcanzando un índice de efectividad del 87%”, afirmó.
Con respaldo de información estadística, la magistrada evidenció los altos niveles de violencia e inseguridad en el país, lo que, según señaló, justifica la necesidad de ampliar el uso de esta figura procesal a delitos de mayor gravedad. Indicó que, según el Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol), en lo que va del año se han registrado más de 9,000 denuncias por extorsión, lo que equivale a una denuncia cada 19 minutos.
Asimismo, citó cifras del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, que reportó hasta abril más de 42,000 víctimas de violencia, de las cuales el 84% son mujeres. Entre ellas, cerca de 5,000 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual. Además, se han contabilizado cerca de 70 tentativas de feminicidio y 49 feminicidios consumados en lo que va del año.
Tello también resaltó la aprobación, el pasado 16 de abril, de la ley que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva, cuya autógrafa aún espera la firma del Poder Ejecutivo. En ese sentido, instó al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar los recursos necesarios para garantizar la operatividad del sistema, beneficiando al Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
“La grave situación de inseguridad ciudadana exige un compromiso firme y sostenido. Por ello, es imprescindible ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados, fortalecer el equipamiento tecnológico, optimizar la infraestructura judicial y consolidar la articulación entre todas las instituciones del sistema penal”, señaló.
Posición institucional
La presidenta del Poder Judicial también reafirmó su postura crítica frente a algunos proyectos y leyes aprobados recientemente, los cuales —afirmó— no fortalecen adecuadamente el sistema de justicia. “El Congreso debería escuchar a jueces y juezas, como operadores directos de la justicia, para legislar con un enfoque más eficaz contra la inseguridad”, enfatizó.
Informó que ha remitido al Parlamento un informe que contiene un análisis crítico de diversas normas legales, solicitando su revisión, modificación o revocación.
Por su parte, el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga expresó su expectativa respecto a la pronta promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia, cuyo plazo vence este domingo 25 de mayo.
Control y transparencia
En paralelo, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Tacna llevó a cabo una jornada extraordinaria de descarga de expedientes disciplinarios, con el objetivo de reducir la carga procesal y mejorar el sistema de control interno del Poder Judicial. En total, se resolvieron 148 actos procedimentales, incluyendo resoluciones e informes finales, resoluciones de improcedencia, informes de calificación, autos diversos y decretos.
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