La decisión del Tribunal Constitucional es jurídicamente correcta y constitucionalmente necesaria. El fallo reafirma un principio axial del Estado de Derecho: la libertad personal no puede estar sujeta a dilaciones procesales ni a excusas logísticas.

The plazo de prisión preventiva es de caducidad. Una vez vencido, el Estado pierde la potestad de restringir la libertad salvo que exista una resolución válida emitida antes de dicho vencimiento. Mantener a una persona detenida más allá del plazo, aunque sea por horas o días, constituye detención arbitraria en los términos del art. 2.24(f) de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la doctrina comparada (TC español, Corte IDH).

El Tribunal actuó con acierto al declarar la nulidad absoluta de la resolución extemporánea de prolongación y ordenar la inmediata excarcelación de la favorecida, habilitando al juez a dictar medidas alternativas menos lesivas. Esta fórmula asegura, a la vez, el respeto irrestricto del derecho fundamental a la libertad y la continuidad del proceso penal.

No obstante, la sentencia revela un problema estructural: la práctica reiterada de fiscales que solicitan prolongaciones al filo del plazo, y de jueces que priorizan la agenda sobre la libertad. Si bien el TC marca un precedente claro, resulta indispensable que se adopten mecanismos disciplinarios y administrativos que obliguen al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con la debida previsión y celeridad.

En suma, la sentencia es un avance en la tutela efectiva de los derechos fundamentales: consolida el estándar de que la prisión preventiva es excepcional, temporal y estrictamente controlada, y fija un precedente que protege a todos los justiciables frente a detenciones arbitrarias derivadas de la inercia o negligencia estatal.