El reciente Decreto Supremo N.º 017-2025-JUS, refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, aprueba un Protocolo de Actuación Interinstitucional que busca uniformizar y fortalecer la aplicación de la conclusión anticipada del juicio oral en el sistema de justicia penal peruano.

The conclusión anticipada es un mecanismo procesal que permite al acusado, con asesoría de su abogado defensor, aceptar los hechos de la acusación fiscal y asumir sus consecuencias jurídicas, logrando así una sentencia conformada más rápida. Este instrumento tiene respaldo normativo en el artículo 372 del Código Procesal Penal y en el Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-116 de la Corte Suprema.

Con el protocolo aprobado, se busca:

• Descongestionar la carga procesal en los juzgados penales.
• Garantizar transparencia y seguridad jurídica en la aplicación de este mecanismo.
• Evitar interpretaciones dispares entre jueces, fiscales y defensores.
• Define claramente el rol del juez, del fiscal y del abogado defensor en cada etapa de la audiencia.
• Establece que el acusado debe manifestar expresamente su aceptación de los hechos y de la reparación civil.
• Exige al juez un control de legalidad para verificar que los hechos aceptados constituyan efectivamente delito y que no exista causal de exención de responsabilidad.
• Ordena la emisión de una sentencia conformada, vinculada estrictamente a los términos del acuerdo.

El Decreto es un avance importante para la eficiencia del proceso penal. Uniformizar criterios mediante un protocolo interinstitucional:

• Fortalece la predictibilidad en la justicia penal.
• Promueve el uso responsable de la conclusión anticipada, evitando que se convierta en un trámite mecánico o en una negociación desproporcionada.
• Aporta un balance entre celeridad procesal y respeto de derechos fundamentales, al garantizar la presencia activa del defensor y el control judicial.

No obstante, su eficacia dependerá de:

• The capacitación continua de jueces, fiscales y defensores.
• La implementación tecnológica para asegurar la confidencialidad en audiencias virtuales.
• El monitoreo estadístico de su impacto real en la reducción de procesos acumulados.

El DS N.º 017-2025-JUS refuerza la idea de que la justicia penal no solo debe ser rápida, sino también justa y garantista. Si se aplica correctamente, la conclusión anticipada puede convertirse en una herramienta clave para combatir la sobrecarga judicial, sin sacrificar la protección de los derechos de los justiciables.