El Gobierno ha aprobado, mediante el Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS, la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 (PNCLA), la cual se constituye como el marco rector para enfrentar de manera integral el delito de lavado de activos en el Perú. Esta política tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención, detección, reporte de operaciones sospechosas, persecución penal y sanción de este delito, que representa una grave amenaza para la legalidad y el desarrollo económico del país.
La conducción de la PNCLA estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), entidad responsable de articular esfuerzos entre las instituciones del Estado y promover una participación activa del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra este fenómeno criminal.
La política identifica una problemática estructural que se manifiesta en tres dimensiones clave:
- Alta informalidad económica como factor de riesgo para el lavado de activos.
La elevada informalidad de la economía nacional ofrece amplias oportunidades para canalizar o mezclar fondos ilícitos dentro de circuitos comerciales no regulados, facilitando el ocultamiento del origen delictivo de los recursos. - Débil sistema de prevención por parte de los sujetos obligados.
Según estadísticas recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —como el informe publicado en marzo de 2025— se evidencia un bajo número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por sujetos obligados en la mayoría de regiones del país, a pesar de la significativa exposición a delitos fuente como la minería ilegal, la corrupción y los delitos tributarios. - Limitada capacidad del Estado para controlar el transporte de dinero en efectivo.
Esta debilidad institucional resalta la necesidad de fortalecer los programas de cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos y lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado, como herramientas fundamentales para una respuesta integral y efectiva frente a estas amenazas.
La PNCLA al 2030 representa un compromiso firme del Estado peruano para consolidar un sistema nacional articulado, eficiente y proactivo en la lucha contra el lavado de activos, alineado con los estándares internacionales y con una visión de desarrollo sostenible y justicia.
[Decreto Supremo N.º 010-2025-JUS…]
ING 
ESP