Los trabajadores de la Fiscalía se reúnen en el pasadizo del piso 9 en apoyo a Delia Espinoza ante la negativa de Patricia Benavides de retirarse de la sede del Ministerio Público.

Rechazan el retorno de Patricia Benavides. Los trabajadores fiscales y administrativos del Ministerio Público mostraron su apoyo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que Benavides acudió a la sede de la institución para intentar ser respuesta como titular de la entidad. En ese contexto, en el pasillo del piso 9 de la Fiscalía se reunieron los colaboradores a dar el respaldo a Espinoza ante la negativa de Benavides de retirarse.

Como se recuerda, en horas de la mañana del lunes 16 de junio, la exfiscal de la Nación se apersonó junto con policías vestidos de civiles a la sede del Ministerio Público con la finalidad de ser repuesta en el cargo tras la polémica decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Acto seguido, sin registrarse en la entrada —precisamente en la zona de seguridad del edificio—, se acercó a los elevadores con sus abogados y seguridad y subió hasta el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ingresar a la fuerza y hacerse del cargo.

Es preciso resaltar que Benavides fue destituida por la JNJ en mayo del 2024 debido a faltar muy graves tras remover de manera irregular a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides.

Patricia Benavides ingresó a la Fiscalía sin identificarse ni pedir audiencia con Delia Espinoza

Momenttos antes, Patricia Benavides se presentó en la sede del Ministerio Público con la intención de que se lleve a cabo la controvertida decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la repone como fiscal de la Nación. No obstante, la institución publicó un comunicado indicando que Benavides no se registró para acceder a sus instalaciones ni solicitó una audiencia con Delia Espinoza.

«El Ministerio Público informa que Liz Patricia Benavides Vargas ingresó a la sede de la institución, sin previamente registrar su ingreso en el módulo de seguridad, ubicado en el primer piso del edificio en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. Es preciso indicar que Benavides Vargas tampoco solicitó una audiencia con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, a fin de que sea atendida para sostener algún diálogo», comunicó.

Ministerio Público alista denuncia por usurpación de funciones en flagrancia contra Patricia Benavides

En consecuencia, la Fiscalía, a través de las unidades de prevención del delito y flagrancia delictiva, intervino el piso 9 de la sede institucional tras el arribo de Patricia Benavides, con el fin de tomar conocimiento de los hechos y levantar un acto por una posible usurpación de funciones.

Según fuentes, Benavides habría utilizado la denominación de fiscal de la Nación sin haber sido oficialmente restituida en el cargo. Ello configuraría un delito en flagrancia.

Fuente La República.

La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada informó con profundo pesar el fallecimiento del juez superior y profesor de Derecho, Ramiro Salinas Siccha, destacando su invaluable legado de compromiso y ética en el ejercicio de la judicatura. La institución expresó sus más sentidas condolencias a la familia del magistrado, y lo despidió como un verdadero referente del servicio público.

El juez Salinas Siccha se desempeñó como integrante de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de dicha Corte, antes de retornar a la Corte Superior de Justicia de Lima, su plaza de origen. Tras su salida, recibió un reconocimiento institucional que destacó su honestidad, rectitud, responsabilidad y firme defensa de la democracia. La presidencia de la Corte subrayó, en aquella ocasión, que su vocación de servicio y entrega al trabajo fueron un ejemplo para toda la institución.

La exministra y exalcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, falleció hoy a los 69 años. Montenegro fue ministra de la Mujer durante el Gobierno de Martín Vizcarra.

La exministra y exalcalde de Trujillo, Gloria Montenegro, falleció hoy, 21 de mayo, a los 69 años. Montenegro fungió como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el Gobierno de Martín Vizcarra. Asimismo, fue parte de los congresistas elegidos en 2016 hasta la disolución del Parlamento en 2020. Según trascendió, Montenegro falleció tras un procedimiento neuroquirúrgico.

Horas antes, el hijo de la exministra informó que Montenegro había sufrido una muerte cerebral: «Mi mamá, Gloria Montenegro, sufrió una complicación muy grave durante un procedimiento neuroquirúrgico al que fue sometida recientemente. (…) Lamentablemente, esta complicación ha derivado en un diagnóstico de muerte cerebral, confirmado por el equipo médico que la atendió. En estos momentos nos encontramos atravesando el protocolo médico correspondiente, y acompañándola con amor, respeto y mucha fortaleza», señaló José Toledo Montenegro.

Durante su carrera política, Montenegro fue férrea opositora de políticas como Keiko Fujimori or Dina Boluarte. Llegando a declarar que, si bien gustaría que Perú tenga la oportunidad de tener una presidenta mujer, no desearía que tenga el perfil de las mencionadas. Durante una de las últimas intervenciones que tuvo, publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), a favor de la salida del ex primer ministro: «Renunció antes de enfrentar la censura. Su salida llega tras la masacre de 13 mineros en Pataz, la ola de criminalidad y una presidenta con 2% de aprobación», señaló.

Montenegro fue parte de Alianza para el Progreso durante el 2004 hasta el 2019. Luego de dejar el partido acuñista, se unió a las filas del Partido Morado; organización política en la que estaría entre el 2020 y 2022. Finalmente, perteneció a Primero La Gente, su estadía en este partido se dio entre 2023 y 2024.

De acuerdo con la tesis fiscal, Pedro Castillo utilizó el helicóptero del Ejército para trasladarse junto con su hijo a Chiclayo, pese a no contar con actividades oficiales en dicha fecha. El exmandatario es investigado por el presunto delito de peculado.

The Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de peculado porque, según sostiene el Ministerio Público, hizo uso indebido de un helicóptero del Ejército del Perú para trasladarse junto con su hijo a Chiclayo, pese a no tener actividades oficiales.

De acuerdo con la tesis fiscal, el supuesto uso indebido del avión con matrícula EP-861 sucedió el 7 y 9 de mayo para traslardar a sus familiares y miembros de seguridad. Asimismo, Castillo también habría utilizado los recursos del Estado como el helicóptero EP-680 para movilizar a sus familiares —su cuñada Yenifer Paredes Navarro, su menor hijo, su sobrino y otras personas— al distrito de Llama, Chota, el 24 de junio del 2022, «pese a que no estuvieron registrados en el documento denominado Comitiva Oficial Chiclayo/Llama/Chota».

«En ese sentido, se advierte que, en el tramo mencionado, el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, viajó en un helicóptero en compañía de sus familiares, con lo cual, se desprende un mal uso de los bienes del Estado», señala la tesis fiscal.

Es preciso mencionar que la denuncia fue presentada por el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía y será el Congreso de evaluar esta solicitud.

Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo y exministros por cohecho

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito, interpuso una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho, así como contra los exministros Geiner Alvarado López y Félix Inocente Chero Medina, exministro de Justicia y Derechos Humanos, por cohecho pasivo propio.

Los hechos mencionados indican que el ex presidente, Pedro Castillo, según señala la Fiscalía, supuestamente habría pedido sobornos a Geinero Alvarado López a cambio de conservar su puesto como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Fracasó el blindaje. El Congreso aprobó la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con 78 votos a favor, en medio de la ola criminal que azota el país y los intentos de boicot de las bancadas aliadas del Gobierno de Dina Boluarte.

Solo 11 congresistas votaron en contra y 20 se abstuvieron.

Fuerza Popular y otras bancadas le dieron la espalda a Santiváñez

Los grupos parlamentarios que apoyaron la remoción del ministro fueron Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Avanza País, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y parte del Bloque Magisterial.

Es la primera vez que el fujimorismo, tras haber defendido arduamente a Santiváñez y a Boluarte le da la espalda al Gobierno. Salvo los congresistas naranjas Ernesto Bustamante y Mery Infantes, quienes convenientemente pidieron licencia, los 19 legisladores del partido de Keiko Fujimori respaldaron las tres mociones de censura.

También fue determinante la decisión de Podemos Perú, la tercera fuerza política del Congreso que otorgó 9 votos a favor, con excepción de Kira Alcarraz, Guido Bellido y Darwin Espinoza.

Asimismo, en Renovación Popular, el partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sus 11 integrantes votaron a favor de remover al ministro del Interior.

En Acción Popular, fueron 4 legisladores los que marcaron en verde, pese a que la orden de la dirigencia era apoyar la censura en bloque. Mientras que en el Bloque Magisterial, tres de sus congresistas votaron a favor.

La otra bancada de derecha que votó en bloque, con excepción de las legisladoras Rosselli Amuruz y Karol Paredes, quienes no dieron la cara, hubo cinco votos a favor. Y en Somos Perú, la excepción fue el congresista José Pazo.

Los demás votos fueron puestos por las agrupaciones de izquierda Bancada Socialista, Juntos por el Perú y el Bloque Democrático Popular.

Fracasó el blindaje de APP

En el otro bloque se quedaron solos Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre. La mayoría de los legisladores acuñistas y cerronistas se abstuvo. Salvo María Acuña, Luis Kamiche y Juan Carlos Lizarzaburu, congresistas apepistas que votaron en contra de la censura.

Las agrupaciones que más se opusieron a esa decisión fueron Somos Perú y Honor y Democracia, con 7 votos. Un número irrelevante, al igual que las abstenciones.

Además de las abstenciones de APP y Perú Libre, también votaron en esa línea la mayoría de congresistas del Bloque Magisterial.

No les bastó para consumar el blindaje a Santiváñez.

En principio, hubo incertidumbre. La censura solo iba a prosperar con 66 votos a favor, como mínimo. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, convocó a una sesión semipresencial del Pleno, lo que facilitó notorias ausencias y convenientes licencias en el hemiciclo.

Menos de 100 congresistas habían marcado asistencia cuando inició el debate. Había, recordemos, tres mociones de censura agendadas de los legisladores Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular; Jaime Quito, de la Bancada Socialista; y Diego Bazán, de Renovación Popular.

«Ha hecho de todo para cubrir a la presidenta de sus problemas judiciales. No hemos escuchado a la ciudadanía», protestó Paredes.

«El ministro ayer ha venido con osadía de algunos congresistas de no respetar el reglamento y vino a hacerse la víctima para decirnos que es una maravilla su ministerio», cuestionó Quito.

«Lo que nos preocupa aquí es que el ministro ocupa más del 50% de su tiempo en defenderse de acusaciones en las que él mismo se ha visto envuelto», recalcó Bazán.

Sus colegas fieles al pacto Ejecutivo – Congreso salieron luego de eso, en defensa de Santiváñez.

«Si el ministro tiene que dar un paso al costado, ¿va a cambiar, va a mejorar?», se preguntó el vocero alterno de APP, Jorge Marticorena. «No es conveniente cambiar un ministro porque la inseguridad ciudadana es tarea de todos», expresó el portavoz de Somos Perú, Héctor Valer.

Hasta ese momento, la censura estaba en suspenso. Pero el punto de quiebre fue cuando el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, tiró la toalla. «Por lo tanto, vamos a respaldar que saquen a su ministro y vamos a demostrar que aquí no hay fujicerronismo, sino un fujicaviarismo», sostuvo.

La suerte ya estaba echada por APP y Perú Libre. No había votos para proteger a Santiváñez de la censura.

La Junta Nacional de Justicia oficializó la apertura del proceso disciplinario a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros cuatro magistrados supremos que habrían emitido de forma irregular una sentencia el 19 de julio de 2024. En ese sentido, los jueces que conforman este organismo autónomo aseguran que buscan determinar si los hechos configurar una inconducta funcional.

«Por las consideraciones expuestas, de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por Resolución N°008-2020-JNJ, modificado por la Resolución N° 048-2020-JNJ, y estando al acuerdo adoptado por mayoría en la sesión plenaria del 10 de febrero de 2025, con los votos en discordia de los doctores Francisco Távara, Jaime Pedro de la Puente y Germán Serkovic», se lee.

Este proceso disciplinario también recae sobre los magistrados Carlos Alberto Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Liliana Dávila Broncano cuando formaban parte de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué investigan a Janet Tello?

Según la información obtenida, el proceso en cuestión involucra a Julio Cadenillas, un ex coronel de la National Police, quien fue retirado de su cargo el 26 de marzo de 2015 debido a múltiples infracciones. Cadenillas intentó apelar la decisión ante la Corte Suprema, sin embargo, su solicitud fue desestimada. La sala que emitió este fallo estaba integrada por la jueza Janet Tello y los otros magistrados.

El 4 de noviembre de 2024, Cadenillas Ruiz presentó un recurso ante la Junta Nacional de Justicia, argumentando que los jueces supremos habían incurrido en una «motivación defectuosa» al rechazar su recurso de casación. Según su denuncia, esta decisión se basó en el artículo 388 del Código Procesal Civil, el cual había sido derogado por la Ley 31591, que establece los requisitos necesarios para la admisión de un recurso de casación.

CAL inicia proceso disciplinario a abogados de la JNJ tras acciones contra la presidenta del Poder Judicial

El Colegio de Abogados de Lima publicó un comunicado en sus redes sociales informando que han comenzado un procedimiento disciplinario contra los abogados que forman parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto se debe a la decisión de abrir un proceso inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros jueces supremos. Además, señalaron que esta acción podría ser considerada una falta muy grave y que podría tener motivaciones políticas con el objetivo de destituir a Tello.

«Dicho procedimiento responde a la sorpresiva decisión de la JNJ de iniciar un proceso disciplinario contra cinco vocales supremos, incluida la Dra. Tello Gilardi, actual presidenta del Judiciary. Esta decisión de la JNJ podría tener connotaciones políticas, con la aparente finalidad de destituir a la presidenta del Poder Judicial debido a sus declaraciones, en las que señala que ambos poderes del Estado, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, estarían favoreciendo la impunidad de quienes han cometido delitos graves».